El pasado domingo se cumplieron 30 años de la creación del Parque Provincial Aconcagua. Según un documento de una ONG, la situación es crítica por la falta de gestión del área protegida, además ha solicitado una serie de medidas tendientes a resolver los principales males que aquejan a la reserva.
Según el último balance de Oikos Red Ambiental, es inexplicable que el PPA no posea un plan de manejo después de 30 años de existencia del área, si bien la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) posee los recursos financieros y técnicos como para encarar su elaboración. Sin embargo, en su lugar, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (la autoridad de aplicación) utiliza los llamados Reglamentos de Usoque para regular los usos principales, básicamente las actividades de escalada y trekking.
Oikos también denuncia que el PPA tampoco tiene una definición precisa de sus límites, más allá de lo que dice su norma de creación. Es obligatorio realizar la mensura de las áreas protegidas, según establece la ley 6045/93 que crea y establece prescripciones de conservación y manejo sobre el sistema de áreas naturales protegidas, y para ello destina fondos que surgen de una cuenta especial, que constituye el Fondo Permanente del Sistema de Areas Naturales Protegidas, pero ningún organismo público provincial puede aportar una mensura oficial sobre el PPA. Actualmente, este sitio es disputado entre el gobierno provincial y el Ejército Argentino, que reclama tales tierras.
Las personas a cargo del Parque también están en la mira de los cuestionamientos, ya que solo es manejado de manera casi intuitiva por el Cuerpo de Guardaparques y un puñado de técnicos, con la ayuda de la patrulla de rescate y del cuerpo médico, quienes intentan salvar a las áreas protegidas. El patrimonio natural y cultural queda en manos de la buena voluntad de los montañistas, sean estos pertenecientes a las empresas que operan en el parque o trabajadores del Estado.
“El Parque Aconcagua está huérfano de políticas públicas”, señalan desde esa red ambiental.
Hay que recordar que Oikos, en 2006 inició una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo provincial, debido a que la autoridad –con la complicidad de algunas empresas turísticas- permitía el ingreso de escaladores a un sector prohibido del parque, a cambio de US$ 500 por cada visita.
“El amparo se resolvió rápidamente a favor de nuestra institución y ese sector del parque volvió a ser protegido, pero esto no disminuyó el interés de las autoridades por poblar el parque de visitantes”, indicó la ONG.
En 2007 el gobierno provincial inauguró un camino pavimentado desde la Ruta Nacional N° 7 hasta el puesto de guardaparques junto a Laguna de Horcones sin la correspondiente aprobación ambiental.
Según Oikos, la situación en los campamentos tiene similares características. En el año 2002 ingresaban unos 5.932visitantes a los campamentos base y los de altura, en su mayoría escaladores con intención de hacer cumbre, y una pequeña porción para realizar otras variantes deportivas. En el año 2012 esa cantidad era cercana a los 7.000 visitantes, y si bien en este último año la cantidad de ingresantes disminuyó, las autoridades buscan aumentar su número, ya que la recaudación del Parque Aconcagua representa casi la totalidad de la recaudación total y mantiene al resto de las reservas.
La red ambiental también expone que el Estado Provincial, sin cumplir con los procesos administrativos ni contar con la actuación de la Comisión Asesora Permanente, le permite a la empresa realizar vuelos privados para el traslado de turistas y visitantes en general dentro del parque.
En el PPA existen varias toneladas de residuos, entre los que están los residuos de las expediciones, incluyendo los restos de comida desechada, las excretas sólidas y líquidas y otros tipos de residuos caracterizados como “especiales”.
“Tal cantidad de residuos necesariamente debe ser gestionada adecuadamente, para lo cual debería existir un sistema de clasificación, tratamiento biológico o térmico según la zona del parque donde se originen, y su traslado para disposición final. Todo esto debe complementarse con baños químicos o de otra tecnología que brinden adecuada contención de los efluentes y excretas sólidas. Nada de esto ocurre allí”, argumentó Oikos, que solicitó a las autoridades que establezcan un cronograma de trabajo que contemple estas problemáticas.