Aunque hace dos años le bajaron el pulgar, el proyecto San Jorge sigue generando repercusiones a lo largo del tiempo. Entre éstas, permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda avanzar con la construcción de un barrio en el oeste de Godoy Cruz, para ubicar allí a familias que actualmente residen en el asentamiento inestable El Urundel. Omar Parisi podrá comenzar con la radicación ya que los vecinos autoconvocados no pudieron presentar un estudio de suelo alternativo al informe elaborado por la UNCuyo en los plazos correspondientes.
La polémica había sido reflejada en esta nota por MDZ. Los vecinos rechazan la instalación de 54 familias que viven actualmente en la denominada cancha Bustamente, una zona de riesgo aluvional en ese asentamiento ubicado junto al Corredor del Oeste.
Las razones apuntaban a dos motivos fundamentales: porque el terreno adquirido por el IPV, junto al barrio Los Glaciares, no tiene un suelo apto para la edificación; y porque muchos aseguran que la instalación de esas familias agravará la inseguridad en la zona.
En una reunión con Parisi y funcionarios de la municipalidad de Godoy Cruz, ocurrida a principios de abril, se acordó que los vecinos podían presentar un nuevo estudio de suelo pero con una condición por parte del IPV: que este informe fuera elaborado por un organismo técnico competente y reconocido.
Ahora bien ¿Cuál es la relación entre esta polémica instalada entre vecinos y funcionarios por la construcción de un barrio, y el proyecto megaminero que fue cancelado por Francisco Pérez? Veamos.
La polémica con San Jorge pesó más
Con esta promesa oficial, los vecinos recurrieron a la Universidad Tecnológica Nacional, donde recibieron el pedido y comenzaron a estudiar el caso.
"Aconsejamos no concentrarse en un estudio de suelo, sino en una manifestación de impacto ambiental, que evalúa lo hidrológico y lo sismológico, porque sobre el pedemonte hay muy poca información", explicó el ingeniero Miguel Tornello, a cargo del Departamento de Ingeniería Civil.
El enfoque más amplio buscaba hacer pie, precisamente, en un territorio sobre el que se ha construido mucho en los últimos diez años -debido a la falta de terrenos en el Gran Mendoza- pero sin un ordenamiento adecuado.
Ahí se concentraba el principal argumento de los vecinos para rechazar la radicación del nuevo barrio, en un predio donde antes funcionaba una cantera y actualmente es un depósito de basura que la municipalidad rellena periódicamente. Para ser más gráficos, también mostraron casas de barrios cercanos y construidas por el IPV con una antigüedad de 15 años, que ya reflejaban grietas y fracturaban algunas viviendas en dos.
El Departamento de Ingeniería Civil de la UTN suele atender las demandas de otros organismos de orden provincial, de municipios y solicitudes de la Justicia para resolver litigios. Pero no es frecuente recibir el pedido de vecinos de varios barrios de Villa Hipódromo, para zanjar una polémica que trasciende lo simplemente habitacional.
Finalmente, la UTN desistió iniciar un nuevo informe cuando se enteraron que ya existían otros estudios sobre ese terreno.
Ante las dudas planteadas por los vecinos, Parisi había encargado a la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo un segundo análisis sobre el informe inicial relevado por la empresa constructora que ganó la licitación. En el mismo, la Uncuyo avalaba a Parisi para construir.
Con este antecedente de peso, desde la UTN optaron por no intervenir en la polémica. La razón se debe a un protocolo impulsado por el decano Eduardo Balasch para evitar confrontar públicamente con otro organismo técnico luego del constraste en los informes con la UNCuyo por el proyecto minero San Jorge.
"Tenemos instrucciones muy claras de nuestro decano de que cuando ya esté participando otra institución, no podemos actuar, salvo que haya un pedido expreso de una autoridad para realizar un estudio determinado", justificó Tornello.
En 2010, el proyecto megaminero ubicado en Uspallata con capitales canadienses, quedó atrapado en las contradicciones que presentaban dos informes, uno, elaborado por la UTN y, el otro, por la UNCuyo. En tanto el primero avalaba el impacto ambiental del proyecto, el segundo señalaba una serie de falencias y datos inexactos que rechazaban la viabilidad de la iniciativa.
El entonces gobernador Celso Jaque les pidió a las dos universidades llegar a un consenso académico, pero el contraste y la sensibilidad social crítica hacia la cuestión minera, dejaron a la UTN expuesta.
Con esta decisión interna tomada por Balasch, los vecinos autoconvocados no pudieron presentar el informe ya que venció el plazo otorgado por Parisi -15 días después de la reunión-.
Parisi meterá las máquinas
Así, queda el camino allanado para que la firma Raffo-Gaído comience la construcción del barrio donde se instalarán 54 familias del asentamiento Urundel, a partir de un acuerdo establecido entre el Gobierno de Mendoza -durante la gestión Jaque- y la comuna de Godoy Cruz.
"Nosotros seguiremos adelante con el proceso , porque no podemos estirar el tiempo, porque significa más plata para el Estado", recalcó Omar Parisi, al ser consultado nuevamente tras el rechazo de la UTN. "Los contratos están firmados y la empresa está lista para trabajar", definió.
Si bien el inicio de obra todavía no tiene una fecha establecida, los primeros trabajos de fijación de suelo comenzarán luego de julio, adelantó el titular del IPV.
En la campaña electoral de 2011, el -entonces- candidato a la gobernación Francisco Pérez pidió a los legisladores justicialistas bajarle el pulgar a uno de los proyectos mineros más ambiciosos, para que no truncara su arribo a la Casa de Gobierno.
Todo eso ya es historia, pero los efectos de aquella fuerte polémica que polarizó a la opinión pública mendocina todavía parecen repercutir en los organismos provinciales y condiciona a su vez a los ciudadanos que buscan respuestas ante los mismos.