El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció esta tarde un proyecto de ley que será enviado próximamente a la Legislatura: se trata de una idea para levantar un monumento en proximidades de la Plaza Miserere, en homenaje a las víctimas de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas.
Durante una conferencia de prensa brindada en la sede de la Jefatura de Gobierno, Macri explicó que dicho monumento "tiene como objeto recordar que hechos como estos no pueden volver a suceder y que debemos trabajar para evitarlo". En el lugar estuvo rodeado por quince familiares de víctimas del fatal accidente del ferrocarril Sarmiento, ocurrido el 22 de febrero de 2012.
El anuncio de Macri llega a escasos días de que se cumpla un año de la tragedia, en la que fallecieron 51 personas y hubo 700 sobrevivientes, muchos de los cuales aún sufren las secuelas.
La causa por el hecho está cerca de ser elevada al juicio oral. La fecha de inicio del proceso, que duraría por lo menos dos años, se definirá en las próximas semanas, explicó La Nación. El 16 de enero, el juez federal Claudio Bonadio clausuró la investigación y hace diez días los acusados plantearon sus objeciones.
Uno de los imputados, el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, rechazó ser juzgado por asociación ilícita. Consideró que sólo debería imputársele estrago culposo. Su antecesor, Ricardo Jaime, quien posee varios juicios en su haber, dijo que no tuvo nada que ver con la tragedia porque no ocupaba el cargo cuando ocurrió.
Además de Schiavi y Jaime serán juzgados el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna; el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sicaro, y su antecesor, Pedro Ochoa Romero.
También están comprometidos Mario y Claudio Cirigliano, titulares de TBA; Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA, y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, entre otros directores de ambas firmas, además del maquinista Marcos Córdoba. Todos están procesados por estrago culposo y fraude y enfrentan penas de hasta 11 años de prisión.