Es difícil contradecir el hecho que Argentina es pionera en la región, y en algunos casos el mundo, en materia de derechos civiles y humanos. La ley 26.485 de Protección Integral de Mujeres, sancionada en 2010, fue el reconocimiento legal de diversos tipos de violencia que acontecen de forma impune.
Pero redactar la ley y ponerla en funcionamiento no fue la solución automática, ni ayudó demasiado a la concientización de situaciones muy naturalizadas en la sociedad. Como la violencia obstétrica, una figura legal que pone de manifiesto una forma de agresión que antes no estaba legitimada, y sus víctimas pocas veces podían denunciar. Un escenario que no ha cambiado.
Ginesa Bonasera esperó durante horas una respuesta que nunca llegó. Hizo interminables colas en la obra social que le presta servicios, Osecac. Hizo otras tantas en la clínica Santa María. Pidió ayuda, explicaciones, un libro de quejas, un turno, una atención. Todo esto, embarazada de 6 semanas, con una infección urinaria, contracciones y hemorragias. Y de pie casi todo el tiempo.
"Cuando, hace unas semanas, me confirmaron que tenía una infección urinaria, me alertaron de que había un gran riesgo de sufrir un aborto. La semana pasada, apenas noté un poco de sangre, fui directo a la clínica Santa María. Me dijeron que no pasaba nada, que había que esperar y que me fuera a hacer reposo a mi casa. Durante el fin de semana largo, la hemorragia se fue agravando", relata Ginesa con semblante extenuado, en un café frente a la clínica, después de más de 8 horas de espera por una atención.
Cuando el fin de semana largo terminó, se dispuso a hacer cola en Osecac, para ver si la suerte le concedía un obstetra que le realizara una ecografía y le brindara, al menos, la certeza de que todavía estaba embarazada. En cada consultorio al que la derivaban, le advertían que en su estado no podía estar caminando. Pero la mandaban hacia otra puerta, por otro turno, tras otra cola, alegando “que los obstetras están todos de vacaciones”.
El último profesional médico que la revisó, tras negarle la posibilidad de una ecografía por cuestiones físicas, la mandó directo a la clínica Santa María para que se internara. "En la clínica me hicieron sacar turno, esperar mucho más, y me dijeron que mi internación iba a depender de si el obstetra de turno consideraba que había que internarme o no. Yo nada más quería una ecografía. Ellos fallaron en la prestación de un servicio de salud. Todavía no sé si estoy embarazada o no".
El artículo 6 de la ley 26.485, inciso E, define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Ginesa, quién ya tiene dos hijos, relata apresurada, frenética. Ni se detiene para tomar café. No le aceptaron la internación. Después de decirle que tenía que resolver el problema en Osecac y no en la clínica, le confirmaron que no existe un libro de quejas, y que el supervisor a cargo del área todavía no llegaba, nadie sabía a qué hora entraba.
MDZ se acercó al mostrador, en busca de una respuesta. No hubo declaraciones, nadie contestó. Decenas de pacientes esperaban su turno y ningún especialista ni nadie a cargo tenía tiempo, lógicamente, de contestarle a la prensa.
La mujer, durante el fin de semana largo y tras las evasivas de la obra social, acudió a un hospital público, el Paroissien, en Maipú. La atendieron más afablemente, pero este martes ella decidió recurrir una vez más a los servicios que debe prestarle su obra social en la clínica Santa María.
Pero el cuestionamiento excede la gravedad de su condición física o el hecho de que a esta altura no haya recurrido nuevamente a un nosocomio estatal. Su reclamo se centra en que Osecac y la clínica Santa María, los encargados de protegerla por ley, en lugar de ofrecerle la atención necesaria y la contención que amerita su estado, se encargaron de darle vueltas al asunto, violar la ley de Protección Integral de Mujeres, y rematar con insólito “no hay libro de quejas”.