La medida regula una serie de protocolos en el ámbito de las telecomunicaciones, como el uso sistemas de geolocalización o bases de datos, para la búsqueda de personas extraviadas y la prevención de delitos.
El decreto fue impulsado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y puso en funcionamiento una ley aprobada por el Congreso en marzo de este año, aunque su ingreso al Senado data de 2011.
Según un comunicado del Gobierno difundido por Notimex, la agencia estatal de noticias, la iniciativa es considerada como “un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo fin es organizar la información sobre personas extraviadas o desaparecidas y concentrarla en una base de datos electrónica”.
“Incluye además datos de las personas en locales de atención, resguardo, detención o internación, así como de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, a fin de apoyar las investigaciones para su búsqueda o ubicación de su familia y lugar de residencia”, explicó el parte de prensa.
La nueva normativa fue conocida en los medios mexicanos como la “Ley de geolocalización” o la “Ley Stalker” y tuvo una fuerte reticencia en las redes sociales y en los portales de Internet especializados en tecnología. El hashtag (etiqueta virtual antecedida por un numeral) “#LeyStalker” en Twitter fue una de las estrategias con la que los críticos compartieron materiales y organizaron diferentes acciones de protestas como, por ejemplo, la junta de firma para su derogación.
El fundamento de la Ley propone que “tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el PGR o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados”.
Este tipo de procedimientos no son nuevos en México, ya que hace varios años se utilizan en los casos de secuestros extorsivos o investigaciones por tráfico de drogas. Lo que incorpora esta Ley es la intervención directa de algún organismo estatal o fuerza de seguridad sin una orden judicial previa y, de igual modo, la posibilidad de llevar a cabo operaciones de rastreo mediante referencia geográfica en tiempo real.