Por primera vez desde que se difundió la situación infrahumana de miles de peones golondrina, un informe oficial revela las prácticas sistemáticas de las empresas multinacionales que los explotan. En el informe se habla de “trabajadores”, siempre entre comillas, porque para los especialistas “en verdad son víctimas del delito de trata de personas”.
“El ‘contratista’ recibiría una comisión por cada ‘trabajador contratado’ que sería abonada por cada ‘trabajador’ y cuya suma oscilaría entre 25 y 40 cuarenta pesos”, dice el informe referido a la estancia La Celestina II, aunque este peaje se repite en los testimonios recogidos en otros campos.
El “viaje” dura 14 horas
Al proveedor lo elige la empresa y cobra el doble. La comida suele estar vencida. “La carne, el único alimento fresco que recibirían, según expresaron los trabajadores, llegaba en mal estado, en una camioneta no refrigerada y en bolsas de consorcio”, dice el informe. No hay baños ni duchas ni un sistema de distribución de agua potable. ¿Y qué pasa si alguien quiere volverse?
Según el informe, las víctimas son presionadas para no hacerlo. Además de dedicarse a las tareas del campo, el cabecilla de cada cuadrilla tiene comunicación diaria con los capataces, enseña a desflorar el maíz a los nuevos “trabajadores”, controla a sus compañeros y registra los pedidos para el proveedor.
Supuestamente se paga 1300 pesos por hectárea a desflorar. La misma hectárea puede ser repasada tres veces sin cobrar adicional. Los capataces viven separados de las cuadrillas y en condiciones “notablemente superiores”. Los “trabajadores” deben pagar esos remedios.
Cuando el ingeniero agrónomo decide que se terminó el “trabajo”, suele aparecer el dinero. “Hay una ausencia total de autonomía de las personas que se hallaban en las estancias”, concluye el informe. “De este modo, se torna evidente que la promesa de pago al final de la temporada resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe. Es por la captación en el lugar de origen, el engaño en la contratación, el traslado y explotación posterior que la Oficina de Rescate considera probado el delito de trata de personas.