Piden 8 años de prisión por matar a un discapacitado

Un fiscal de San Martín pidió hoy que se condene a ocho años y medio de prisión a un vigilador privado por matar de un disparo en el pecho a un joven discapacitado en 2009, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En tanto, la abogada de la familia de la víctima solicitó 25 años de cárcel y la defensa del acusado la absolución, por entender que el hecho se encuadró en un caso de "legítima defensa".

Durante los alegatos realizados ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Martín, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidió casi el mínimo de la pena para Juan Pablo Rodríguez (24), único imputado del "homicidio simple" de Luis Bolaño (27).

El fiscal dio por acreditado que la madrugada del 14 de marzo de 2009, Bolaño fue asesinado por el vigilador de la empresa Clave SRL, contratada por el municipio de Malvinas Argentinas para custodiar la Granja Educativa Yku Huasi, ubicada en la Miraflores 247 de Pablo Nogués.

Recordó que el propio imputado reconoció que disparó contra Bolaño, remarcó que lo hizo "en el centro del pecho, por lo que buscaba la muerte" y echó por tierra la versión de que fue víctima de un robo por parte del joven y que éste le tiró, ya que no se encontraron vainas ni otros elementos en el lugar, ni el arma.

Al respecto, desacreditó la versión del vigilador respecto de que Bolaño estiró ambos brazos para disparar, ya que según declararon varios médicos no podía hacerlo en función de su discapacidad, que le hacía tener su mano en forma de "garra".

Según su reconstrucción, el vigilador efectuó cinco disparos con su pistola Taurus calibre .32, y la familia recién se enteró al día siguiente de que el joven estaba muerto.

A la hora de pedir la pena, solicitó ocho años y medio de cárcel y la inmediata detención de Rodríguez tras la sentencia, pero consideró como atenuantes que el imputado no tenía antecedentes y que "pudo haber sentido miedo y por eso disparó".

Como agravantes, mencionó la discapacidad de la víctima.

En tanto, el particular damnificado, representado por María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), adhirió en parte a lo dicho por el fiscal, pero solicitó 25 años de prisión.

La abogada entendió que se trató de un "homicidio simple agravado por el uso de arma" y destacó la "situación de indefensión de la víctima, dada su discapacidad  física y mental, que según una médica era la de un chico de cinco o seis años".

Verdú entendió que "si bien Rodríguez no era un policía tenía profesionalización", ya que había realizado varios cursos que incluían práctica de tiro, estudio de leyes y primeros auxilios.

"Fue un fusilamiento porque él sabe el daño que un arma causa", remarcó la letrada, quien recordó que el balazo "le reventó el corazón, tras atravesarle el pulmón y la aorta" al joven.

Consultada por Télam, la abogada dijo que le pareció "exigua" la pena solicitada por la fiscalía.

En tanto, el defensor del vigilador, José Vera, solicitó que su asistido sea absuelto porque actuó "en legítima defensa", ya que, a su entender, Bolaño "emprendió contra su vida y él lo único que hizo fue defenderse".

Vera destacó el relato de una mujer que declaró esta mañana y dijo que poco antes del hecho había sido víctima de un robo por este joven, quien "corría perfectamente y sólo tenía una discapacidad en una mano".

"Esto echa por tierra esta decisión de presentar a este joven como una víctima del `gatillo fácil", sostuvo Vera.

Tras escuchar a las partes, el tribunal, integrado por los jueces Gustavo Garibaldi, Aníbal Bellagio y María del Carmen Castro pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando dará a conocer un anticipo del veredicto, es decir, si es absolutorio o condenatorio.

Los jueces ya le anticiparon al imputado que ese día no quedará detenido, lo cual fue criticado por la abogada Verdú, y que en fecha a determinar, si hay condena, se darán a conocer los años de prisión que se le aplicarán.