Me dirijo a Ud., para solicitar rectificación de la noticia publicada en fecha 29 de agosto de 2011, titulada “Prescribe causa por evasión millonaria durante el alfonsinismo”, mencionando que “he sido beneficiado con la prescripción en una investigación en la que fui acusado por una defraudación de unos 250 millones de dólares en mi condición de ex Director de la DGI.”
Fui director General de la DGI entre enero de 1986 y abril de 1989. En tal carácter, en agosto de 1988 denuncié penalmente al Sr. Hector Salgado y un conjunto de personas que constituían el directorio de las empresas del Grupo Koner Salgado, para que la justicia investigara, en base a la amplia prueba por mi aportada, la comisión del delito de estafas reiteradas en perjuicio de la Administración Pública y de Asociación Ilícita, perpetrada mediante la creación de falsos créditos fiscales que eran vendidos a empresas de primera línea para que estas los usaran para aplicarlos al pago de sus impuestos. La maniobra que denuncié implicó para el Fisco Nacional un perjuicio del orden de 250 millones de dólares, que fue evitado al ser detectado y denunciado, dado que las transferencias de créditos falsos fueron rechazadas por la AFIP mediante resoluciones fundadas que firme en mi carácter de Director General, convirtiendo así la estafa al Estado en estafa a las empresas que compraron los falsos créditos. Significa esto claramente que mi acción al frente de la DGI no solo detecto y denunció la maniobra defraudatoria ante la Justicia para que esta investigara y sancionara, sino también reparó el perjuicio al erario público que la maniobra había producido. En abril de 1989, antes de mi renuncia al cargo, constituí a la DGI en querellante de la Causa, en la que el Juez Federal Dr. Del Castillo en el año 1990 decreto la prisión preventiva de Hector Salgado y los restantes investigados, en función de las abundantes pruebas aportadas por la DGI y corroboradas en sede judicial.
Sufrí persecución y difamación desde el momento mismo de la denuncia, y a mi salida de la función pública tuve que enfrentar distintos procesos judiciales en los que fui siempre sobreseído, aceptando esta situación de ser investigado como la natural consecuencia del paso por la función pública, pero nunca pude comprender el motivo por el que en 1992 el nuevo juez que investigaba mi denuncia, a pedido de la AFIP y simultáneamente con la excarcelación de Salgado, resolvió procesarme, junto con otros ex funcionarios de la DGI políticos y de carrera, que habían participado de la investigación que llevó a la denuncia. Pasamos así de denunciantes a denunciados. Dos años después la causa tuvo una nueva sorpresa al aceptarse por parte de la Cámara Federal la participación del Sr. Chmelik Martinek como querellante, con cuya incorporación la causa pasó a investigar cuestiones totalmente ajenas a lo denunciado, que derivaron en increíbles pérdidas de tiempo en investigaciones que nada aportaban al esclarecimiento de los hechos denunciados, y así pasaron doce años sin que se pasara a juicio el expediente en relación con los denunciados ni quedara firme mi sobreseimiento, dictado en dos oportunidades, ante la carencia de elementos incriminantes en mi contra en el expediente, pero revocado.
Los perjuicios que esta situación me provocaron son enormes: debí esperar cinco años desde que fui incorporado al grupo de los sospechosos para poder ejercer mi defensa en mi declaración indagatoria, y otros dos mas para que se dictara mi sobreseimiento, en 1999, once años después de mi denuncia.
Mi sobreseimiento fue conformado por el fiscal y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y por la AFIP, solo fue apelado por el nuevo querellante, quien obtuvo tal carácter en virtud de haber realizado la venta de su empresa a Salgado y ser impedido de cobrar ante la quiebra de las empresas compradoras. No obstante la Cámara federal revoco mi sobreseimiento y debí soportar otros ocho años de investigación que solo sirvieron para facilitar lo que ahora ocurre….Salgado y los demás denunciados han sido beneficiados con la prescripción de la causa, a mi se me ha negado el beneficio de un fallo que diga mi inocencia (fui sobreseido nuevamente en 2010 y la Camara revoco nuevamente diciendo que correspondía la prescripcion y no el sobreseiminento). Es natural que una noticia acerca de hechos de hace 22 años produzcan la confusión que se evidencia en la noticia cuya corrección solicito, pues estas cuestiones ya han sido olvidadas por los que en su momento se informaron, pero lo cierto es que la noticia publicada distorsiona de tal modo la realidad de las cosas que parece que yo he sido el autor de las maniobras y que la prescripción me permitió eludir la segura condena…
Después de 22 años de haber dejado la función pública sigo cargando sobre mis espaldas la carga de haber actuado de manera honesta y valiente (o como joven impetuoso e idealista) para denunciar la mas grande estafa perpetuada contra la DGI, con las pruebas suficientes para fundar el fallo con el que solo un año y medio después se dictaron las prisiones preventivas a los denunciados. Lamentablemente algunos de mis sucesores no supieron o no quisieron seguir la causa judicial con el ímpetu suficiente como para evitar el triste desenlace que erróneamente recoge la noticia. Los denunciados, y no el denunciante, quedaron impunes… El denunciante pago por su osadía con veintidós años de su vida….
Marcelo Da Corte