1- Según reza la Constitución Nacional Argentina, todos los ciudadanos/as somos iguales ante la ley. Tenemos idénticos derechos y consecuentes responsabilidades. La ley y las normativas vigentes deben ser aplicadas a todos los habitantes, sin apreciación o discriminación de raza, cultura, color de piel, situación social, opción política o religiosa.
Esta es la base de la igualdad y de la democracia.
No es lo que está ocurriendo en el “caso Grassi”.
Los delitos por los que se acusa al p. Grassi y por los que está doblemente condenado por la justicia argentina, son delitos que, en casos similares, han merecido para quienes los cometieron la prisión preventiva antes del juicio en ciertos casos o, en otros, la prisión efectiva después del juicio de primera instancia.
El padre Grassi ha gozado del “privilegio” de permanecer en libertad de movimientos “antes” del primer juicio, “después” del mismo y, en segunda instancia, “después” del fallo adverso del Tribunal de Casación. Ahora el doblemente condenado ha apelado a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Es verdad que la justicia humana puede equivocarse. De hecho, así ha ocurrido en muchos casos en los que personas inocentes han sido condenadas, incluso padeciendo la muerte física. Pero los humanos no tenemos otra alternativa que regirnos por justicia humana, amparados por las garantías que otorga el debido proceso.
A estas alturas, ya nadie duda que el padre Grassi tiene muchos e influyentes “padrinos”. En todos los niveles. Como nadie duda que la responsabilidad vocacional del sacerdote debería impulsarlo a someterse a los fallos judiciales a fin de dar credibilidad a lo que él mismo, y la Iglesia a la que pertenecemos, constantemente predicamos sobre la necesidad de una justicia integral y para todos en la Argentina.
Existe un interrogante que nadie puede o desea desentrañar en estos días: ¿cómo es posible que, después de todo lo estipulado últimamente por el Vaticano (“tolerancia cero”) respecto del delito de abuso sexual contra menores, el obispo que tiene jurisdicción sobre el p. Grassi o la Conferencia Episcopal Argentina aun no hayan decidido suspender de sus funciones sacerdotales al mencionado?
Esperemos que no haya apelado a la Justicia Divina.
2- A comienzos del presente año, y desde este mismo espacio, me pronuncié públicamente a favor de la conveniencia de ir, paulatinamente, despojando a los lugares públicos de todo signo que no representara a los ciudadanos argentinos en su conjunto; ya se tratara de símbolos religiosos, políticos o sociales.
La razón continúa siendo clara, y la misma: en este tiempo la sociedad argentina es polifacética y pluralista en muchas de sus convicciones y opciones. Y el “espacio de todos”, el espacio público -sea institucional o no- por definición debe albergar a todos sin distinción alguna.
Desde distintos ámbitos de pensamiento, algunos institucionales y otros privados, muchos se están expresando sobre la necesidad de instrumentar esta “limpieza simbólica” de los lugares públicos a fin de que ninguna persona se sienta diferenciada o marginada en sus sentimientos y convicciones. Sigo pensando que es algo conveniente y, en muchos casos, necesario. Limpieza simbólica que, insisto, debe aplicarse a toda la simbología que no represente al conjunto de los argentinos.
Queda dicho, y repetido, que, en el ámbito privado, cada persona o grupo de personas que así lo deseen gozan de la libertad de utilizar los símbolos que crean identificatorios de sus vidas, en la medida en que ellos no signifiquen ofensa alguna para otros/as.
3- Dejando a salvo la inocencia del padre Luis Sabarre (perteneciente a la comunidad católica de La Carrodilla), y hasta tanto se pruebe lo contrario en el delicado tema de presunto abuso sexual contra una menor, deseo expresar mi beneplácito -en medio del desconcierto por lo denunciado- ante la expeditiva y rápida intervención de la autoridad religiosa de la Diócesis de Mendoza representada tanto por los hermanos sacerdotes de La Carrodilla como por la persona de monseñor Arancibia. Con tino, caridad y responsabilidad han albergado anímicamente tanto a la familia de la menor cuanto al padre Luis y han dado los pasos necesarios para dilucidar el hecho.
Es conocido que el esclarecimiento del hecho está a cargo de dos instancias: la civil-penal en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos de la Provincia y la eclesiástica en manos del Arzobispado de Mendoza. Cada una de las instancias, después de un prolijo y atento análisis, deberá determinar si el hecho existió y, de ser así, cuál es la responsabilidad penal que le cabe al sacerdote.
Mientras, y para despejar cualquier malentendido respecto a la actitud de la autoridad religiosa de la Diócesis de Mendoza, nuestro arzobispo ha decidido suspender temporalmente las tareas religiosas que estaba ejerciendo el p. Luis, hasta tanto se determine la responsabilidad del mismo. Sería altamente auspicioso que en los otros niveles institucionales -de nuestra provincia y del país- se arbitraran similares medidas ante la presunción de ilícitos graves.
Decía de mi beneplácito en medio del desconcierto por lo denunciado.
La actitud del padre Luis prestándose a todos los requerimientos, como la actitud de los otros sacerdotes de La Carrodilla y la de Mons. Arancibia tomando rápidamente cartas en el asunto, son la contracara de lo comentado al comienzo de esta nota.
Cruci-grama. Ojalá, para todos, sea esta una oportunidad para resolverlo positiva y rápidamente en aras de una superadora convivencia.