Las armas de fuego se esparcen por cada rincón del país, listas para ser el instrumento de una nueva tragedia. Y no se trata de la falsa dicotomía de buenos y malos: están al alcance de cualquier mano capaz de desencadenar, de forma accidental o premeditada, un drama que termina con vidas segadas y familias destruidas.
En los últimos dos días, tres episodios demuestran el peligro de la proliferación de las armas: un chico de 11 años, casi abandonado por su familia y que prácticamente vive en la calle, amenazó con un revólver a un compañero de la escuela, el único lugar en el que ese chico dice sentirse minimamente contenido. Otro chico, de 16, fue asesinado de un tiro en Mar del Plata por un sujeto violento que lo confundió con quien, aparentemente, había tenido una actitud improcedente con su pareja.
Y como si no bastara con los problemas que los ciudadanos comunes tienen para relacionarse y superar sus conflictos, también hay políticos que resuelven dirimir sus diferencias con las armas. Angel Rodríguez, edil de Ensenada por Pro, retó a duelo al presidente del Concejo Deliberante al salir en defensa de una colega a la que consideró “injuriada”.
Estos casos, en conjunto, revelan que la VIOLENCIA está instalada en todos los estratos, en todas las edades y en todos los ámbitos sociales y que será imposible resolverla si no asumimos que es un problema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Cada caso de los mencionados refleja también que el Estado, como garante de los derechos colectivos, debe intervenir de manera urgente y sistemática en la resolución de los problemas de pobreza y marginación, sobre todo de niños y jóvenes, que los deja a merced de los circuitos del delito; el Estado debe también, desde la justicia, fijar reglas claras para evitar la impunidad de aquellos sujetos que usan la violencia como forma de resolver sus conflictos e imponerse a los demás, como sucedió en el segundo caso.
El gran desafío lo impone el tercer caso comentado, porque más allá de la gravedad de que un funcionario desafíe a otro a un “duelo con armas”, el hecho refleja que quienes deberían dar el ejemplo resolviendo los conflictos y diferencias a través de la palabra, o eventualmente en la Justicia, han perdido irremediablemente la capacidad de diálogo y negociación, pretendiendo reemplazarla por el uso de la fuerza. Si admitimos esto, estaremos aceptando que la violencia colectiva es un camino sin retorno para los argentinos. Por eso, como organización civil, insistimos una vez más sobre los beneficios de una sociedad sin armas; pero exigimos también que el Estado esté atento para evitar su proliferación y el crecimiento de la violencia social.