Los juicios son la puerta de entrada a la verdad. La posibilidad de cerrar una historia incompleta; tan incompleta como la biografía de los desaparecidos. La idea de sentar a los represores en el banquillo de los acusados en un debate oral y público debe apuntar a dilucidar de una vez por todas qué ocurrió con los cuerpos.
La sentencia, en sí, parece estar escrita. Es pura percepción. No porque no existan garantías de un juicio fundado en ley, sino porque las pruebas y los testimonios recabados durante la investigación en contra de los represores son tan concretas y contundentes, que sólo falta atravesar la última parte del proceso judicial para que vayan a la cárcel. Es lo que pasará, a menos que –debido a la edad avanzada de la mayoría- alguno tenga la fortuna de morir antes e impune. Ocurrió en San Rafael, con el sorpresivo paro cardiaco de José Martín Mússere, poco tiempo después de iniciado el juicio en el sur provincia, y con la muerte esperada de Cristóbal Ruiz Pozo, tan enfermo que no llegó nunca a pisar la sala de debates.
Por lo tanto, de no mediar ninguna guadaña, el juicio en la Ciudad de Mendoza terminará con prisión perpetua para los diez acusados: el ex general Juan Pablo Saá; el ex coronel Tamer Yapur; el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza, Paulino Furió; el ex general Mario Lépori; el ex teniente Dardo Migno; el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal; los comisarios retirados Eduardo Smaha y Armando Fernández Miranda, y los policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez.
Todos los nombres aparecen en el organigrama que el aparato represivo manejaba en Mendoza. De ahí se desprende con claridad qué papel jugó cada uno en los casos investigados: desde de la recolección de datos hasta la orden para concretar un operativo, realizar el interrogatorio y luego decidir sobre la vida o la muerte de las personas.
Se trataba de un trabajo coordinado entre los organismos de inteligencia de la Policía de Mendoza, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Eso explica por qué varios de los desparecidos en Mendoza eran militantes que huían del asedio en otros puntos del país.
Ninguno de los imputados quiso declarar en el inicio del juicio. En cualquier otro caso, una decisión similar no hubiese afectado en nada el desarrollo normal del debate. Pero estos sujetos conocen la respuesta a la pregunta más escuchada en los últimos 34 años: ¿Dónde están los desaparecidos?
Por el momento, y luego de dos días de debate, el Tribunal Oral Federal 1 dispuso el arresto domiciliario para todos hasta el próximo miércoles. A partir de ese momento, los jueces comenzarán a evaluar si hacen lugar al pedido de la Fiscalía para agravar los cargos que pesan sobre los imputados y si, tal como se pidió, se ordena la inmediata detención.
Si ocurre eso, el tribunal pondrá las cosas en su lugar. El único motivo por el cual los represores llegaron al juicio en libertad está relacionado con la cuestionada Cámara Federal de Mendoza. Allí se pergeñaron fallos que beneficiaron a los ex militares y policías involucrados en los casos de secuestros, torturas y homicidios en entre 1975 y 1983. Sobre esto, la mejor explicación la dio el juez federal Walter Bento cuando imputó a los actuales camaristas Luis Miret y Otilio Romano por ser cómplices de la dictadura. Aseguró en el expediente que, con su accionar, estos magistrados habían garantizado la impunidad de los responsables del plan sistemático de desaparición de personas en nuestra provincia.
Ahora bien, meter presos a los acusados podría significar una serie de postergaciones en el juicio que no estaban contempladas. El estado de salud de los represores es tan delicado que en algunos casos sería necesario contar con una infraestructura sanitaria y penitenciaria especial.
Como sea, lo bueno es que el juicio avance, termine y haya sentencia. Mendoza tiene una deuda tan grande con su pasado, que sólo de esta manera logrará dar un ejemplo y enviar un mensaje a quienes aún piensan que juzgar a represores es una cuestión meramente política.
Estos ancianos que hoy se reparten entre la sala de debates de Tribunales Federal, el Casino de Oficiales y la Cámara Federal de Rosario (están ubicados de acuerdo con los diagnósticos médicos) fueron quienes espiaron, secuestraron, torturaron, violaron, mataron y desparecieron a militantes que, según la clasificación usada por el gobierno de facto, eran elementos subversivos. Lo curioso es que, en el repaso de las causas que están siendo juzgadas, los únicos que alguna vez esgrimieron armas de fuego en los operativos fueron los policías y los militares encapuchados que actuaron en la clandestinidad.
Ellos fueron parte de una estructura que aprovechó el aparato del Estado para llevar cabo un plan sistemático de exterminio. Se trata de crímenes que encuadran en el concepto de “delito de lesa humanidad”.
Los hombres que están siendo sometidos a juicio saben perfectamente dónde están los cuerpos de los desaparecidos; cómo y en qué circunstancia fueron asesinados, ya que, hasta ahora, únicamente se sabe que gran parte de las personas raptadas murieron durante las interminables sesiones de torturas en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2), que funcionaba en el Palacio Policial. Los secuestrados eran llevados allí luego de ser “chupados” por los grupos de tarea.
Cada incursión implicaba, además, el saqueo a las viviendas de las víctimas. Un conjunto de tropelías que, aún 34 años después, goza de la simpatía de una pequeña porción de la población que justifica este tipo de atrocidades.
En Mendoza, según los datos que maneja el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos hubo alrededor de 200 desparecidos y una decena de asesinatos comprobados porque los cuerpos fueron devueltos o encontrados.
Esa información era manejada por las fuerzas armadas y de seguridad y por los civiles que actuaron como colaboracionistas. En la lista hubo funcionarios políticos, judiciales y hasta periodistas, según pudo leerse en la desclasificación de la lista de “espías” que prestaron servicio para el Batallón 601 de Inteligencia.
Esa faceta también se vio en el juicio en San Rafael. Además de condenar a los imputados, el tribunal que actuó pidió que se iniciaran las acciones destinadas a investigar las conductas de Pierino David Massacessi; Pedro Carrió López; Oscar Pérez; Tomás Rojas García; Orlando Gutiérrez; Braulio Navarro Chirino; Hugo Ramón Trentini Coletti; Miguel Luis Sabéz; Daniel Huajardo; José Miguel Ruiz Pozo y Franco Revérberis. Todos están sospechados de haber ayudado, propiciado o encubierto el accionar de los represores.
La pregunta, en el caso del juicio que se está desarrollando en la Ciudad de Mendoza, es saber cuántos personajes vivieron durante estos 34 años con muertos en el placard y ahora están temerosos de ser descubiertos. Son los mismos que escondieron y esconden información y saben dónde están los desaparecidos.
De la máquina de matar a la máquina de ocultar
Allí, sentados en el banquillo de los acusados están los responsables de espiar, secuestrar, torturar y matar a los detenidos. Y siguen guardando su mejor secreto: dónde están los desaparecidos. El resto del juicio es un largo trámite: la participación que tuvieron en el aparato represivo ya está más que probada.
