El 12 de diciembre de 2002, Página/12 publicaba una de las mejores tapas referidas al caso María Marta García Belsunce. Después de que la versión inicial y oficial de una muerte natural fuera desterrada, y se confirmara que había sido baleada en la cabeza, el título era una pincelada de ironía: “Con cinco tiros, lo natural es morirse”.
Ese pensamiento puede encajar casi a la perfección –con las diferencia del caso- en la historia del ladronzuelo detenido por vecinos en Guaymallén; supuestamente linchado por ellos y posteriormente muerto en una comisaría. Y como remate, las afirmaciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Seguridad: “Fue muerte natural”.
Declaraciones de este tipo, en un caso tan grave, aportan una peligrosa cuota de liviandad al asunto. Una lectura rápida de la actitud oficial podría ser la siguiente: era un delincuente, le pegaron, se murió y nada indica que una cosa haya tenido que ver con la otra. Por lo tanto, a otra cosa y que pase el siguiente. Y la próxima vez, no le peguen tan fuerte.
El ministro Carlos Aranda y sus laderos deberían estar preocupados. El hombre no se murió en la calle ni en un hospital ni en su casa. Se murió en una comisaría; al parecer, de “muerte natural”. Y eso, por lo menos, debería incomodar un poco.
La Policía de Mendoza siempre está bajo sospecha. Sus antecedentes juegan en contra a toda hora. De ahí, la necesidad de tener una conducción que, lejos de sacarse el problema de encima, se comprometa públicamente con la investigación e intente determinar –a partir de los lineamientos judiciales- quiénes participaron del linchamiento si realmente existió. Porque basta recordar los casos Bordón, Gómez Romagnoli o Chandía, para saber que, entre la tropa, lo natural es el encubrimiento.