Quienes nacimos a la vida cívica en la primavera de 1983 creíamos que protagonizábamos un tiempo fundacional de convivencia republicana y democrática. Esa percepción era mayoritariamente compartida y ese era el clima que se respiraba en las calles y en las aulas de las universidades públicas. Imaginar que toda una tradición política anclada en el autoritarismo, y en una visión unívoca (y no plural) de la política y de la nación que había cercenado por décadas el funcionamiento republicano, podía ser erradicada para siempre de la cultura política argentina era una aspiración que muchos albergábamos como posible.
Por cierto, esa promesa se apoyaba en un contexto más amplio al reducido campo de la política nacional. Para ese entonces, las dictaduras sangrientas que se habían adueñado de los destinos ciudadanos en el cono sur latinoamericano habían prácticamente sucumbido, y en todas partes, el espacio público aparecía dinamizado por las instituciones y prácticas políticas distintivas de las democracias modernas. La vida política se revitalizaba a través del debate público, las movilizaciones callejeras y la proliferación de agrupaciones y partidos políticos en cuyo interior confluían militantes entrenados y otros menos expertos.
La recuperación de las libertades públicas y la aspiración de avanzar en la construcción de la ciudadanía social y cultural encabezaba la agenda pública. La prensa bajo cualquier formato, habría de cumplir un papel protagónico en el debate de ideas no sólo por el papel atribuido al discurso político como creador de sentido colectivo, sino también por representar un formidable vehículo de construcción ciudadana. Ese sustrato de creencias colectivas habría de sostener decididamente toda una sucesión de actos de gobierno destinados a enarbolar el Estado de Derecho como exclusivo garante de la vida nacional. Y esa convicción ayuda a explicar por qué la democracia argentina de aquellos años fue capaz de distinguirse en el concierto internacional al introducir un giro copernicano en las concepciones y procedimientos jurídicos que condujeron a los responsables de la violación de derechos humanos, y a los cultores de la violencia política a someterse al imperio de la ley.
Traer a colación aquella vibrante experiencia en el ocaso de su principal promotor, supone no sólo un ejercicio de justa memoria política; invita ante todo a reinterpretar ese potente legado a la luz de algunas convenciones que rigen la vida democrática. Entre otras, valdría la pena destacar un concepto y una práctica de justicia que para ser creíble por el conjunto social no sólo debe ser impartida sino que debe ser percibida como que es impartida porque lo que está en juego en definitiva es la confianza sobre la que se funda toda sociedad que aspire a ser democrática.
Justa memoria
La muerte del ex presidente Raúl Alfonsín ha despertado sentimientos de republicanismo y democracia que estaban adormecidos. Aquí, la lúcida reflexión de la historiadora Beatriz Bragoni.
