Alrededor de 6oo personas despidieron los restos del policía asesinado anoche en el intento de asalto al camión de caudales del Banco Regional de Cuyo, con mucho dolor pero también de quejas hacia la política de seguridad y hacia las críticas condiciones en que trabajan los uniformados en las dependencias de la provincia.
Familiares, vecinos de Corralitos –donde Correas vivía con su familia integrada por dos chicos de 10 y 8 años, y una nena de apenas un año-, y mucha presencia policial se dieron cita a lo largo de la jornada en la sala velatoria que se improvisó en la sede de Amupol, la mutual policial, y que luego se trasladó al Parque de Descanso de Guaymallén.
Uniformados y civiles aplaudieron cuando salió el féretro de la mutual y el gentío que se acumuló obligó a cerrar el tránsito en calle Rioja. Esta situación impidió que, en un momento, pudiera ingresar la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir a Claudia, la esposa del policía ultimado, descompensada por la pérdida. Así, con mucha dificultad, se subió a Claudia a una patrulla que se movilizó hacia Alem, donde la esperaban los médicos.
En la mañana, el ministro Carlos Ciurca se había presentado con sus funcionarios. Ya en la tarde, antes de que partiera el cortejo fúnebre, también se hicieron presentes Orlando Rozas, subsecretario de Seguridad, y Luis Parigi, director de Policía.
Rozas, precisamente, fue quizás el único de los funcionarios que se mostró visiblemente emocionado en el entierro, mientras que los otros mantuvieron cierta distancia respetuosa y, también, evitando la confrontación con el dolor de los familiares.
Posible huelga de brazos caídos
Entre los uniformados presentes, se corría el rumor de una fuerte desmotivación a partir de uno de los anuncios oficiales posteriores a la muerte del policía: el quite de los servicios extraordinarios. Esto estaría generando cierto malestar en la fuerza, ya que no existiría un paliativo que permita recompensar esta pérdida.
También se recordó el dinero que el Estado adeuda todavía a los policías, alrededor de 21 mil expedientes que generarían un costo para la provincia de 35 millones de pesos.
Pero también, hubo quejas por el estado de los chalecos y de los móviles, por el poco tiempo de descanso que tienen y las exigencias por parte del Ministerio de Seguridad.
Si bien entre los uniformados se distinguió claramente el sentir de los más experimentados de aquellos que recién ingresan, la amenaza para el Gobierno es que los policías decidan hacer "lo mínimo y necesario". En otras palabras, lo que sería una suerte de huelga de brazos caídos.
Rumores de cambios
En el entierro, los reclamos siguieron, pero en este caso con la presencia del ministro Carlos Ciurca, sus principales funcionarios y comisarios de las distritales del Gran Mendoza. Sin embargo, la presencia del ministro no bastó para la indignación de algunas personas que, en medio del dolor, expusieron a viva voz sus reclamos de justicia y se preguntaban por qué el gobernador Celso Jaque no se encontraba en ese momento acompañando a las víctimas del delito.
También hubo algunas versiones que fueron desmentidas desde el Gobierno, como la posible salida de Rozas y Pariggi del Ministerio de Seguridad, lo que podría generar una crisis ministerial en un momento en que la fuerza policial ya bastante desmotivada por las condiciones de trabajo.
Una señora visiblemente enojada, quien dijo ser madre de un policía, increpó a la distancia a Ciurca. Sin embargo, el titular de Ammupol, Omar Alcalde, se cruzó delante de ella para tratar de calmarla. Esto, por el contrario, enojó aún más a la mujer, quien discutió brevemente con Alcalde, mientras otra persona le pedía al titular de la mutual policial, que no pretendiera callar ese reclamo.
Muchos uniformados se dieron cita también en el Parque de Descanso de Guaymallén, algunos de franco y otros en servicio, pero también se pudo notar a lo largo del Acceso Este la presencia de efectivos para dar el último adiós al cabo Eduardo Correa.