Los estatales mendocinos están reclamando por el pago de antigüedad hace más de cuatro años y en el gobierno provincial se han comprometido a darles una respuesta que podría ser positiva.
Esta mañana, un puñado de trabajadores se reunió el hall de Casa de Gobierno para ser informados de los dichos del Ejecutivo provincial.
“Marchena nos dijo que el gobernador nos iba a pagar la antigüedad. Están haciendo un análisis de costo y nos van a hacer una propuesta en 15 días”, explicó Víctor Dagfal de Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados).
En total son 20 mil los trabajadores que están pidiendo que se les abone la antigüedad.
Desde el gobierno de Celso Jaque, su ministro Juan Marchena explicó a MDZ que “está la voluntad política del gobernador y el compromiso de llegar a un acuerdo. Nosotros necesitamos hacer un relevamiento del estado de situación, por eso hemos pedido un dictamen a fiscalía de Estado y un estudio actualizado en cuanto al dinero por parte del ministerio de Hacienda. Vamos a ver cuales van a ser las pautas de la propuesta y vamos a discutir las bases de este convenio”, manifestó el funcionario.
El origen del conflicto
En el ‘96, el gobierno de Arturo Lafalla congeló la antigüedad de todos los empleados públicos. En ese momento empezaron los reclamos administrativos colectivos del SUTE y de los empleados judiciales, junto con otras acciones individuales.
En el ‘99, Lafalla emitió un decreto que devolvió la antigüedad del ‘96 y que se pagó sólo ese año.
Ya en el 2003, el gobierno de Roberto Iglesias restituyó el pago del adicional. A partir de esa fecha, muchos de los empleados que reclamaban adhirieron a un acuerdo con el Ejecutivo que estableció el pago de 48 cuotas iguales correspondientes al pago del ‘97 y el ‘98 y resignaron el reclamo del adicional del ‘99 hasta el 2003.
Los empleados que siguieron adelante con Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados) con las acciones judiciales exigían el pago de la antigüedad suspendido entre enero del ‘96 y el 31 de agosto de 2003. Pero también pedían el pago del porcentaje diferencial de dos años (1997-1998) que no se computaron posteriormente en el pago de la antigüedad de los demandantes.
Además, los estatales reclamaban la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Presupuesto de los años 99, 2000, 2001, 2002 y hasta agosto de 2003 que oportunamente establecieron la quita temporal del adicional.
Sin embargo, la Corte estimó que “las leyes de presupuesto no suprimieron el adicional por antigüedad, lo que hicieron fue suspender ciertos efectos de computar los años de servicio posteriores a la sanción de esas leyes y por un lapso de tiempo determinado”.
Además, el dictamen destaca que no puede afectarse el sueldo básico o asignación por clase, pero sí la antigüedad, pues es un adicional que puede sufrir modificaciones dentro de un marco de razonabilidad. Y también apunta que no se afectan los derechos adquiridos pues la bonificación por antigüedad no se encuentra incorporada a sus patrimonios sino hasta tanto se haya percibido, solo se tiene una expectativa a percibirlo.
Según fuentes judiciales, el fallo tiene una lectura política relacionado con que “los jueces no pueden ir en contra de las leyes de Presupuesto votadas por la Legislatura durante varios años”.