Comienza marzo y, una vez más, casi como parte del calendario vendimial, el conflicto del salario docente ocupa el centro de la agenda provincial. Seguramente, dentro de doce meses, ocurrirá lo mismo. Se trata, como bien sabemos, de una problemática fundacional que, tras los duros años ‘90 y la crisis del 2001, llevó a la profesión docente a uno de sus niveles históricos más críticos. Hace pocos años atrás en la crisis del 2001-2002, el sueldo de un maestro se ubicaba bajo la línea de pobreza y esta increíble situación puede aparecer como paradigmática de la consideración histórica que la educación ha tenido en la Argentina.
Y es que toda la institución escolar, desde el valor de lo simbólico, cayó bajo la línea de pobreza. Y lograr que ocupe el sitio que por nobleza le corresponde nos llevará, a este paso, décadas, en un mundo en el que la formación de recursos humanos varía exponencialmente de año a año.
Al no gozar la institución escolar del merecido respeto, todo lo que ha ella pertenece se encuentra fuera de su centro: el maestro debe enfrentar problemas sociales (como la desnutrición, la falta de útiles, merienda o de zapatillas) que ya debieran llegar resueltos, la toma de decisiones institucionales se altera, la infraestructura no es la apropiada, tampoco lo es la capacitación y la escuela como espacio de conocimiento suele mudar en espacio de ociosidad, de violencia, de asistencia o en espacio sin vida, tal cual como ocurre cuando se multiplican los paros.
Por ello, la intención de fondo debiera ser recuperar la carga simbólica que la educación pública exige y el prestigio que los educadores deben tener como tales. Y esto se logra con planes basados en objetivos, con estrategia, con proyección en el tiempo, con planificación diaria de tareas y con presupuestos adecuados, sin que esto último signifique poner en riesgo los fondos públicos provinciales.
Está visto que Mendoza ya no es lo que era en el concierto nacional. Encima, se toman malas decisiones de hecho, la anterior gestión otorgó aumentos preelectorales y, tal como en su momento lo referimos, puso las finanzas públicas al borde del abismo. La actual gestión baraja la posibilidad del déficit y comete indecibles errores técnicos al llevar adelante una negociación salarial que ha paralizado el comienzo de clases.
Por otra parte, si la provincia no fuera discriminada por la coparticipación y los repartos caprichosos de dineros nacionales, habría posibilidad de contar con un presupuesto acorde para sostener en el tiempo remuneraciones acordes.
En tiempos en que el contexto internacional nos sigue proveyendo de extraordinarias posibilidades de crecimiento, nosotros, estamos con la educación pública paralizada. ¿Cómo es posible que ninguno de los gobiernos haya avanzado en un esquema de blanqueo del salario docente? ¿Cómo es posible que no se logre acuerdo, al menos, por dos años, a fin de ocupar tiempo, energía y recursos públicos en temas referenciales del ámbito educativo mundial, como la provisión de tecnologías para las escuelas, que, en pleno tercer milenio, ni siquiera tienen Internet? ¿Cómo es posible que la autoridad social por naturaleza, el Gobierno, pague en negro parte de sus salarios?
Del otro lado del mostrador, están los docentes como corporación. Siempre vulnerados y, a la hora de negociar, intransigentes. El tiempo les enseñó a conseguir reivindicación a partir de la manifestación de alguna forma de protesta, algo que ellos mismos, seguramente, buscan canalizar de otro modo dentro de las aulas que conducen. Y así se desenvuelven quienes educan: para conseguir mejores sueldos, hacen paros, cortan calles e interrumpen la educación de nuestros hijos como forma de presión. También aquí, se nota la falta del diálogo social –determinado, pero con altura– que la educación promueve.
Qué bueno sería que el debate de la educación, al comienzo de este año, pasara por otro lado. Que discutiéramos, por ejemplo, cuántas horas es razonable que los chicos utilicen la computadora en la escuela y qué tipo de contenidos asimilar a través de ella. Qué bueno sería que los docentes estuvieran, hoy por hoy, invirtiendo su enorme capacidad de compromiso corporativo en capacitación, sabiéndose bien pagados y también bien exigidos en sus resultados profesionales. Qué buenos sería estar buscando, desde los claustros, los mejores modos de insertarnos en un mundo. Y qué bueno sería que la problemática salarial hubiese sido resuelta en diciembre, antes de la formulación del presupuesto anual de Mendoza.
Lejos, muy lejos, estamos de esta situación. En un país que debe seguir apostando a la educación pública, el resultado es que somos el producto vivo de un sistema que no educa bien y, por lo mismo, provoca que los más privilegiados sean quienes gocen de las mejores herramientas educativas, de más días de clases y de más recursos conceptuales en su futuro.
La educación está en alerta roja. De hecho, un técnico del gobierno con alta responsabilidad ejecutiva, aun calculadora a mano, sacó mal una cuenta y su error, sumando a todos los errores referidos, nos está costando carísimo a los mendocinos.
La educación mendocina: entre la parálisis y el alerta rojo
Finalmente, como se preveía, las clases no comenzaron en la provincia. Año a año, los mismos conflictos se presentan y, como siempre, resultan afectados nuestros niños y jóvenes. Aquí, claves de análisis sobre una problemática fundacional de la provincia.