La idea surgió del jefe del sector de Educación de la cárcel de Boulogne Sur Mer, Marcelo Lavizzari: dar una oportunidad a los reclusos interesados y en condiciones de de seguir una carrera universitaria. Se hicieron las gestiones necesarias; desde la Universidad Nacional de Cuyo dieron el visto bueno y dijeron que estaban dispuestos a colaborar para reinserción social de los internos.
Todo marchaba correctamente, hasta que aparecieron las primeras trabas para seguir adelante con el plan: el juez de Ejecución Penal Eduardo Mathus se negó a dar los permisos para que los presos que querían rendir los exámenes de ingreso, y por eso fue necesaria la intervención de funcionarios de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Finalmente se llegó a un acuerdo que dejó conformes a las dos partes. Desde la UNCuyo entendieron que estas personas no podían dejar pasar esta oportunidad y permitieron que Lucas Lecour, un asesor de la Subsecretaría e integrante de los abogados que controlan las evaluaciones para entrar a la Facultad de Derecho, fuera junto con otro abogado supervisor a tomar los exámenes al penal.
En total, fueron cinco los presos que rindieron; entre ello, una mujer que está alojada en el penal de El Borbollón y fue tentada por quienes manejan Educación en ese lugar, Ana Escobar. En el proyecto, también participó el profesor Pablo Moreno, que trabajar con quienes se encuentran detenidos en el complejo San Felipe.
Una vez que las pruebas terminaron, las hojas se mezclaron con la del resto de los alumnos para evitar que los profesores que tienen la tarea de corregir sepan cuáles pertenecen a las personas que están privadas de libertad.
Sólo dos reclusos aprobaron esta primera prueba y quedaron en condiciones de rendir, en marzo, la segunda. Ambos están condenados a prisión perpetua y buscan, a través del estudio, una salida para sus horas de encierro.