La “novedad” convulsionó al Ministerio de Seguridad ayer a última, y su titular, Carlos Ciurca ordenó de inmediato retirar de circulación los 500 chalecos antibala que forman parte de la primera tanda de los 4.025 adquiridos en la última licitación, adjudicada a la empresa Full Metal SA.
Sin embargo, la noticia no era nada novedosa y ya existían advertencias sobre estas falencias, referidas al grosor de las capas y a la protección con proyectiles de gran calibre. El 22 de agosto pasado, el Gobierno notificaba a Full Metal que le había adjudicado la licitación, con una oferta que superaba los 6 millones de pesos a cambio de 4.025 chalecos, al tiempo que le comunicaba a la otra firma –ABPC SA- que su opción no les resultaba satisfactoria. Y desde ese día comenzó la cruzada de esa firma, denunciando las irregularidades, con pruebas para evidenciar que su denuncia no era simplemente una actitud de despecho a raíz del rechazo.
El pliego de licitación está dividido en tres partes, y la polémica está centrada en la segunda. Es que aquí, donde se refiere a la trama –distancia que recorre el plomo una vez que el proyectil impacta sobre las capas del chaleco-, en la primera prueba que se hizo con los artículos de Full Metal SA, superó los 20 milímetros permitidos con un proyectil calibre 9. No obstante, en pruebas posteriores, la trama alcanzó los 19,9 milímetros, un recorrido que –según los especialistas- también resulta peligroso por encontrarse muy cerca de los 20, pese a que no llegue al límite.
Representantes de la firma desechada se reunieron con los legisladores Daniel Cassia (PJ) y Ernesto Corvalán (PD), a quienes les comunicaron estas falencias, aclarando además que los chalecos ofrecidos por la firma ganadora estaban confeccionados con capas más livianas, pero que no eran igual de efectivas que las que normalmente se usan en los chalecos.
“La única forma en que se entiende que un chaleco es más liviano de lo normal es la de caer en la lógica que no protege tanto como los otros. Los que ofreció Full Metal en aquel momento estaban confeccionados con 20 capas de fibras arámidas, mientras que los más comunes tienen 18 de capas goldflex. Si bien tenía más capas que los otros, el material no es el original y por eso eran más livianos”, destacó Corvalán, quien el 30 de septiembre solicitó al Ministerio de Seguridad un pedido de informe sobre el criterio que se tuvo en cuenta a la hora de adjudicarle la licitación a Full Metal SA, cuya oferta –además- superaba en 480.000 pesos la de la firma que perdió la licitación.
“Menos mal que el Gobierno reconoció esto antes de que haya muerto un policía, pero sigo preocupado porque no deberían suceder así las cosas”, destacó Corvalán, quien agregó que esta semana, cuando Ciurca fue a la Legislatura para defender el pedido de extensión de la Emergencia en Seguridad, el bloque Demócrata destacó que el tema de las fallas de los chalecos era algo urgente para solucionar, al tiempo que le pidieron que responda el pedido de informe.
“El 23 de octubre el Ministerio pidió una prórroga para contestar el pedido de informe, algo que nunca hizo”, destacó Corvalán. Casualmente, para la misma fecha en que Seguridad pedía la prórroga, ya estaba acordando con Full Metal SA la llegada de la primera tanda de chalecos.
Otro legislador Demócrata también salió a cuestionar el proceso, y agregó que si bien fueron ellos –en la gestión de Aguinaga al frente de Seguridad- los que empezaron los trámites de licitación, jamás adjudicaron nada. “No vaya a ser cosa que ahora traten de tirarnos el fardo a nosotros”, ironizó.
Advertencia y burlas
El viernes 29 de agosto, el gobernador Celso Jaque, junto a todo su gabinete, anunció el lanzamiento del Pacto Social. Ese mismo día, ya con la denuncia de la firma ABPC SA y el asesoramiento de algunos especialistas, Cassia y algunos legisladores de la oposición –entre ellos Corvalán y Aguinaga- le advirtieron tanto a Ciurca como al vicegobernador, Cristian Racconto sobre las deficiencias de los chalecos recientemente adquiridos.
Sin embargo, la respuesta de Ciurca y de Racconto fue la misma. Ambos lo miraron extrañados y, socarronamente, le contestaron que no había ningún problema, justificando su adquisición porque “son más cómodos y livianos”.
El gobierno conocía las fallas de los chalecos antibala
Cuando el Gobierno adjudicó la licitación a la firma Full Metal SA, la empresa que quedó desechada denunció ante un grupo de legisladores que los chalecos del pliego aceptado por el Gobierno no protegían plenamente a los efectivos. Esto quedó comprobado en las pruebas previas, pero se pasó por alto. En la presentación del Pacto Social, el ministro Ciurca y el vice Racconto fueron advertidos de esas falencias, aunque las pasaron por alto.
