El funcionario reclamó al máximo tribunal que modifique las condiciones de vida para proteger a la población “que se encuentra en una situación terminal silenciosa, progresiva y sistemática por la falta de una mínima asistencia humanitaria y social”. De esta manera, el ombudsman dejó sentada la denuncia ante la comprobación, por parte de personal mismo de la Defensoría del Pueblo, de las necesidades y falencias de la comunidad aborigen en el Impenetrable chaqueño.
Es que los funcionarios recorrieron más de treinta localidades, parajes y lugares de asentamiento de comunidades, como el Paraje Colonia 10 de Mayo, El Colchón, Campo Toral, Barrio Palo Santo y Campo Alemani, entre otros, donde comprobaron la ausencia de los derechos básicos de sus pobladores, quienes viven, en su mayoría, en ranchos de barro y ramas, “en extremo precarios, en donde anidan las vinchucas, y que en los últimos treinta años no se fumigó en contra del insecto transmisor del Mal de Chagas.
El documento destinado al máximo tribunal sostiene que “se ordene a las demandadas a que adopten las medidas que fueren necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”.
La acción judicial exige, además, “la protección de numerosas comunidades aborígenes que habitan la zona sudeste del Departamento General Güemes, y noroeste del departamento Libertador General San Martín; poblaciones que viven en condiciones inhumanas a consecuencia de la omisión de los estados provincial y nacional en prestar la mínima asistencia humanitaria y social”.
Los pobladores remarcaron además la falta de alimentación adecuada (en muchos casos se mencionó por parte de éstos que transcurren dos o hasta tres días sin ingerir alimentos), la ausencia de agua potable y la cantidad de niños que nacen con bajo peso, sin contar a los ancianos que sufren graves cuadros de desnutrición, tuberculosis, neumonía y bronquitis.
El Defensor del Pueblo sostuvo entonces que “de no modificarse las condiciones de vida de las poblaciones con la intervención de los estados demandados, nos aproximamos a su extinción, ya que no existe ninguna posibilidad razonable de que aquellas enfrenten por sí mismas sus necesidades vitales y las enfermedades que las aquejan”.
Denuncia del Defensor del Pueblo de la Nación
Eduardo Mondino presentó una demanda contra el estado nacional y el gobierno de la provincia de Chaco ante la Corte Suprema de Justicia para que tome cartas y “detengan el exterminio de las comunidades aborígenes tobas”, donde 11 indígenas ya murieron desde julio pasado víctimas de graves cuadros de desnutrición.
