El Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Dinaadyf buscan que los candidatos a gobernador adhieran públicamente al cumplimiento de los postulados emanados de la ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de aplicación obligatoria en todo el territorio de la Provincia, que fuera sancionada en noviembre del 2005.
Para ello se realizó una conferencia de prensa, junto con los representantes de las diferentes organizaciones e instituciones relacionadas con la temática y Dinaadyf, para informar sobre los principales puntos de este pacto. Estarán presentes los actores que generaron este instrumento político de aplicación en Mendoza.
El Consejo aclaró que la Provincia está transitando un proceso de adecuación de la Ley Provincial 6354 a la Nacional 26.061, lo que obliga a realizar transformaciones tanto en el ámbito administrativo como el judicial.
Este organismo pretende lograr un pacto entre los potenciales próximos gobernadores y el presente -y futuro- de nuestros chicos y chicas, que garantice la plena vigencia y efectivización de los derechos de los mismos.
El Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia está conducido por Ana Montenegro y Gabriel Conte, director de Dinaadyf.
A su vez, son consejeros del organismo numerosos dirigentes de la comunidad. Entre ellos, el capellán de la Penitenciaría provincial, Roberto Juárez; las doctoras Flavia Ferraro y Gladis Mosso (Juzgados de Familia), Vicente Bresci, de la Asociación de Pastores Evangélicos, y miembros de la UNCuyo y de universidades privadas, entre otros.
Los puntos del pacto
-Hacer cumplir en todo el territorio de la Provincia los postulados básicos de la ley 26.061 adecuando los mecanismos administrativos, legislativos, judiciales en cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
-Asegurar los medios necesarios para el logro de los objetivos del Sistema de Protección Integral de Derechos de N, N y A y su órgano de aplicación tanto en el cumplimiento de las medidas de protección como las excepcionales; tendientes a lograr como meta final, la ‘internación cero’.
-Priorizar la asignación de recursos destinados a la niñez y adolescencia y su justa distribución según criterios de equidad territorial y densidad poblacional que garanticen el acceso a derechos esenciales, tanto sean de origen nacional, provincial o municipal.
-Generar a través de la instancia interministerial (salud, educación, gobierno, justicia, seguridad y todo aquel ministerio que le competa el tratamiento de la niñez y la adolescencia) la plena vigencia de políticas públicas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos:
acceso a la identidad (D.N.I.);
acceso a la educación libre y gratuita;
garantizar el acceso a los distintos sistemas de salud, tanto en la atención primaria como aquellos dispositivos especiales referidos a la salud mental de n, n y a;
asistencia integral de embarazadas y educación sexual;
garantizar los derechos de los n, n y a.
-Comprometerse en el fortalecimiento de las Áreas municipales para que puedan cumplir plenamente con los objetivos de la promoción, y protección de derechos (revisión de la descentralización).
Reforzar la participación de las Organización de la Sociedad Civil (OSC), cuyo objeto se encuentre en concordancia de los postulados de la C.I.D.N., y la Ley 26.061, ampliando la red de defensa de los derechos los n, n y a.
-Considerar la voz y la participación de las n, n y a, que transiten en los espacios creados para tal fin; con el objetivo de que se vean reflejados en las políticas públicas.
-Ejercer el control sobre los medios de comunicación respecto al tratamiento de los n, n y a para evitar que se vulneren derechos sobre su identidad y privacidad de sus vidas, generando un nuevo discurso social que evite la estigmatización y revictimización de los mismos, contribuyendo a construir su lugar de ‘sujeto de derechos’.
-Arbitrar los medios (asignación presupuestaria), creando un seguro universal para todos los n, n y a que se encuentran bajo la línea de pobreza garantizando el piso de inclusión que genere la accesibilidad a los derechos básicos fundamentales.