El duro "efecto secundario" de políticos que se niegan a ver la realidad

El caso de la ley de alquileres sirve para demostrar el complejo problema que existe en el Congreso de la Nación. Parte de los problemas de la Argentina tienen que ver con dirigentes políticos que no han sabido comprender la realidad y siguen discutiendo leyes ideales para un país perfecto que no existe. En los hechos, se chocan con la realidad y los efectos que se consiguen están muy lejos de los que se pregonaban. Una ley que venía a rescatar a los inquilinos, finalmente los terminó de hundir, tal como anticiparon algunas voces del sector.

En Mendoza estiman que este año el aumento de los alquileres rondará el 45%, pero ese no es el principal problema. Producto de la nueva ley, miles de propietarios de todo el país decidieron retirar sus inmuebles del mercado de alquileres para ponerlos a la venta. El efecto de esa decisión es evidente: menos inmuebles en alquiler. Con la nueva ley los inquilinos no solo deben pagar más, sino que es cada vez más complicado encontrar una casa o departamento.

Pero analizar esta ley como un caso aislado sería un error. En realidad, vivimos en un país donde situaciones como estas son recurrentes y los ejemplos abundan. Leyes que buscan fomentar el teletrabajo pero lo desalientan, leyes para controlar precios sin embargo la inflación que no cesa, o normas para regular el funcionamiento de las empresas que terminan desalentando -o incluso espantando- inversiones.

"No culpemos a la legislación sino al ánimo especulativo de algunos sectores. Uno intenta legislar con los conflictos generales porque una ley general no es rigurosa, pero muchas veces debe enfrentarse a la actitud especulativa e individualista de algunos sectores", manifestó la diputada nacional Marisa Uceda al ser consultada en MDZ Radio por el efecto adverso que había generado la Ley de Alquileres.

"No hay que cargar las tintas contra una ley que no era mala. Se debatió con consenso de todas las fuerzas políticas, pero se enfrentó con una realidad que hay que cambiar, que tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros socialmente", manifestó. 

Allí radica el problema. Muchas veces el espíritu de las leyes termina chocando de narices contra la realidad, por más que los actores de ese sector económico lo hayan advertido. 

"La ley ha tenido como consecuencia menos oferta inmobiliaria porque propietarios han migrado del alquiler a la venta. A eso se suma el DNU de congelamiento de alquileres. Todo este combo ha hecho daño a un mercado que no tenía problemas", manifestó a MDZ el presidente del Colegio de Corredores Públicos de Mendoza, Estanislao Puelles Milán.

Si bien reconoció que la norma sirvió para evitar que los inquilinos paguen expensas extraordinarias o que les cobren hasta tres meses de depósito, también llevó a un aumento en los precios de los alquileres y una reducción del 30% de la oferta. O incluso a la desinversión en mejoras de los inmuebles.

Todo esto había sido anticipado desde el sector inmobiliario durante el tratamiento del proyecto de ley y finalmente terminó sucediendo.

Algo similar podría decirse de la Ley de Teletrabajo y economistas aseguran que por el mismo camino puede transitar el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica que esta semana se creó para controlar los números internos de las empresas con el objetivo de conocer si existen justificativos para los aumentos de precios de sus productos. El impacto de este tipo de medidas, explicó Carlos Burgueño en MDZ Radio, puede ser que compañías internacionales cierren sus puertas en Argentina y operen en otros países más estables y con reglas de juego más claras. "Por ejemplo, empresas que fabrican en el país pañales premium piensan cerrar las operaciones", aseguró.

Ahora, todas las miradas están puestas en la nueva ley de Impuesto a las Ganancias. Si bien la suba del mínimo no imponible a 150 mil pesos por mes beneficiará a más de 1.2 millones de trabajadores, a nivel empresarial temen un aumento en el porcentaje que deben pagar por ese impuesto.

Desde la Cámara Argentina de Comercio aseguraron que no tiene lógica que se ponga un alícuota del 35% para quienes tengan ganancias netas de $2,6 millones anuales. En este sentido, advierten que esto puede llevar a una retracción económica con empresas que decidan no aumentar su producción y frene la generación de empleo.