El filtro que encontró el kirchnerismo para manejar los hilos de la Justicia

Una vieja maniobra ha vuelto a utilizarse en el Consejo de la Magistratura. A través de la presidencia de la Comisión de Disciplina y Acusación el kirchnerismo maneja los tiempos de las investigaciones judiciales. En concreto, la presidenta de la comisión María Inés Pilatti de Vergara le imprime un ritmo vertiginoso a las causas contra jueces considerados "enemigos" y dilata el llamado a sorteo para avanzar con aquellas que involucran a jueces "alineados".

Pilatti de Vergara es una senadora nacional del Frente de Todos que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se hizo cargo de la Comisión de Disciplina este año luego de la renuncia de Ricardo Recondo, que se produjo el 1 de julio. Recondo, representante de la Asociación de Magistrados en el Consejo de la Magistratura, dejó la conducción de la comisión que tiene a su cargo la recepción de denuncias y la investigación de conductas indebidas de jueces y fiscales.

El lugar fue asumido por Pilatti de Vergara, senadora nacional por la provincia de Chaco de estricta confianza de la vicepresidenta de la nación. Desde que quedó al frente de la comisión, comenzó a notarse una sorpresiva lentitud en el llamado a reuniones para sortear las investigaciones. Es decir, no se designa un instructor sumariante entre los miembros de la comisión.

En los hechos esto impide que se pongan en marcha los resortes de investigación para determinar las inconductas de los magistrados denunciados. Esta semana se dio otro ejemplo de este modus operandi. El diputado nacional electo Ricardo López Murphy denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado por el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces. 

Para el economista los magistrados incurrieron en  "mal desempeño" y pidió su inhabilitación por dictar "resoluciones contrarias a la ley". Sin embargo, la Comisión de Disciplina y Acusación no llama a reunión para sortear el instructor que se hará cargo de esa investigación. Con esa omisión, deja paralizado el expediente con el agravante de que los expedientes prescriben cuando pasan tres años sin resolución.

Esta situación ha tenido consecuencias en otra causa caliente que tiene en vilo a la Justicia Federal de la provincia de Mendoza: el caso Bento. Hace un mes que no hay sesiones en la Comisión de Disciplina y Acusación, donde se debe definir si corresponde apartar al magistrado Walter Bento que pese a estar denunciado por Asociación Ilícita y corrupción, sigue al frente del Juzgado Federal 1.