Tras una reñida votación en Diputados (25 votos a favor y 22 en contra), el Gobierno consiguió la sanción inicial para prorrogar la Emergencia en Seguridad. Cuando aún falta que la normativa pase el filtro del Senado, vale repasar las compras millonarias y sin licitación que hizo el Ministerio de Seguridad en el marco de esta Ley. En total, de marzo de 2016 a septiembre de 2017, se gastó todo el crédito previsto (los $561 millones) más recursos propios (llegando a la suma de $1.206.137.087,00) en móviles, uniformes de combate, chalecos antibalas, municiones, gorras militares, equipamiento tecnológico y reparación de ciertas dependencias.
El 3 de septiembre se venció la Emergencia en Seguridad y el Gobierno salió a pedir una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018. Bajo el argumento de que "se ha conseguido bajar la inseguridad pero aún falta mucho por hacer", la cartera que conduce Gianni Venier pretende seguir comprando de manera directa porque sostiene que, por ese camino, se ahorra mucho tiempo y se consigue equipar de manera integral a la Fuerza, "en sólo tres meses", dicen. Ante esto, desde la oposición entienden que "no puede hacerse un uso permanente del sistema de compra directa" y advierten que "sin licitación pública puede darse lugar a maniobras oscuras".
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Es cierto que los procesos de compra mediante licitación pública suelen ser largos con eventuales pérdidas de dinero ya que los proveedores, con frecuencia, aprovechan las demoras para remarcar los precios; sin embargo, el "corto" y "ágil" mecanismo de compra directa termina siendo peligroso en tanto es más fácil caer en beneficiar a algún que otro "amigo" del Estado. Como fuere y cuando aún falta el filtro del Senado, vale repasar en qué se usó el crédito de 561 millones de pesos que obtuvo el Ministerio de Seguridad a partir de la declaración de la primera Emergencia (Ley 8.842).
Según un informe interno de Seguridad al que MDZ tuvo acceso, los millones de la Emergencia en Seguridad se usaron para:
-móviles por más de 45 millones de pesos. Se adquirieron 120 vehículos, 70 Chevrolet Corsa, 30 Chevrolet Prisma, 10 Ford Ranger 4x2 y 10 Ford Ranger 4x4. Los autos fueron adjudicados por un importe de $ 33.223.960,00 y las camionetas por un importe de $ 12.299.160,00. El total adjudicado en la compra de 120 vehículos fue de $ 45.523.120,00.
-equipamiento tecnológico para patrulleros por casi 59 millones de pesos. Controles biométricos, reconocimiento facial y lector de patentes. Todo por un total de: $58.893.559,9.
-se adquirieron 10.000 uniformes de combate, 8.000 gorras militares (quepis), 2.500 chalecos antibalas, 500.000 municiones y otros, por más de $70.000.000,00. Se compraron 8.000 quepis o gorras militares; 9.700 pantalones de combate; 9.700 garibaldinas (tipo blusas); todo lo cual hace un total de $48.443.760,00. Se adjudicaron 9.700 pares de borceguíes por $ 16.975.000,00. Se adquirieron 500.000 municiones por $5.024.000,00. En total, la compra de uniformes, chalecos, municiones y otros fue de $70.442.760,00.
-se puso en marcha un plan integral de refacción de 160 dependencias policiales por $150.000.000. Unidades fiscales y especiales y comisaría de la ($25.000.000); refacciones en Zona Este y Godoy Cruz ($2.122.000,00), refacciones en Zona Gran Mendoza por $1.017.000,00 y refacciones en Zona Valle de Uco y Sur por $699.972,00. En total, según los documentos de Seguridad, se destinó un total de 264.854.252 pesos a la obra pública, entre recursos propios y de la Ley de Emergencia.
-se realizó el plan de obra penitenciaria por 125.000.000 pesos.
Desde Seguridad aclaran que "si bien no es necesaria la prórroga por haber cumplimentado" con todos los objetivos previstos en la Ley de Emergencia sancionada allá por marzo de 2016, su estiramiento hasta diciembre de 2018 les permitiría, además de continuar equipándose en plazos breves -mediante la compra directa-, firmar un nuevo convenio con el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom) para terminar de compactar 4 mil vehículos y así generar espacio en las playas de secuestro.
Además, se basan en estadísticas propias sobre que el delito ha bajado en el último tiempo y sostienen que ello es, en parte, gracias a los aportes de la Emergencia. Indican que entre enero de 2016 y julio de 2017 bajaron los homicidios dolosos en un 30 por ciento, los robos simples en un 42 por ciento, los robos agravados en un 30 por ciento, los robos agravados con armas en un 38 por ciento y la sustracción de automotores en un 24 por ciento.
La lupa de Fiscalía de Estado
Aunque, en general, las compras no tuvieron observaciones de Fiscalía de Estado; hubo ciertas adquisiciones que plantearon dudosas demoras: una de armas y otra de chalecos antibalas. "Sobre los chalecos, no había forma de comprobar su calidad y que se hubieran hecho las pruebas de balística correspondientes. Hubo que reclamar nuevos controles con peritos y técnicos de Fiscalía. La empresa que perdió era de Vila. Fue muy peleado el proceso", confiaron fuentes extraoficiales a MDZ. En ese orden, sobre las armas, señalaron que hubo una impugnación de una de las empresas que se presentó pero luego el proceso siguió adelante.
Debate caliente en la Legislatura
Bajo este panorama, tras una votación muy reñida, Diputados dio sanción inicial al pedido de prórroga de la Emergencia en Seguridad. En su mayoría, los diputados de la oposición, PJ y FIT, plantearon reparos sobre el "abuso" del sistema de compra directa, aduciendo que da lugar a sospechas sobre procesos de adquisición "poco transparentes".
A propósito, en medio del debate en el recinto, el jefe del bloque del PJ, Javier Cofano, planteó: "El mecanismo de compra directa no puede ser una herramienta de uso permanente. Hubo 18 meses para determinar prioridades", y pasó en limpio: "Nos estamos oponiendo a un sistema de compras que no tiene nada que ver con la política en Seguridad".
En el mismo sentido, la diputada Carina Segovia (PJ), cuestionó que no se haya dado tiempo para plantear propuestas a la oposición: "Han pedido 15 meses más de Emergencia y nadie nos ha respondido para qué. Pareciera que quieren comprar todo lo que necesita la administración con compra directa", disparó.
Por el lado del oficialismo contaron con el apoyo de los aliados y redujeron la disputa al contexto electoral. "Este Gobierno ha logrado poner en pie al Ministerio de Seguridad. Cuando llegamos a la gestión, había una bala por policía. Encontramos un Ministerio con severas dificultades. Pareciera que el objetivo, acá, es enturbiar las buenas decisiones de este Gobierno sólo porque en octubre hay elecciones", cerró César Biffi, jefe de bloque de la UCR.