En pleno contexto electoral y en pie de guerra contra los "cargos hereditarios", el gobierno de Alfredo Cornejo enviará un proyecto de Ley que busca modificar el actual Régimen de Concursos (7.970) para ingresar a la planta permanente del Estado. La iniciativa sería tratada esta semana en el Senado.
Jactándose de haber puesto en marcha una Ley que, si bien se sancionó en 2007 durante el gobierno de Julio Cobos, jamás se aplicó, el Ejecutivo provincial llamó a concurso el año pasado para cubrir una serie de puestos en el Estado.
La experiencia no fue de los más alentadora y de ahí se propuso cambiar buena parte de la normativa bajo el objetivo de lograr "mayor agilidad, eficiencia, transparencia y orden" en el proceso de selección de empleados públicos.
Bajo este panorama, y tras negociar largo y tendido con dos de los sindicatos que tienen representación en la mesa paritaria, ATE y UPCN, se acordó modificar una importante cantidad de artículos de la Ley 7.970.
Uno de los primeros cambios propuestos, según especificó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, tiene que ver con una simplificación de los organismos auditores. "Hasta hoy había tres comisiones evaluadoras; con la modificación, se espera que haya una sola comisión a los fines de hacer más ágil el proceso", explicó el funcionario de Cornejo.
Luego, puntualizó, se plantea un cambio a nivel del artículo 4 de la norma, permitiendo la subrogancia hasta un año como plazo máximo. El objetivo, aquí, es que la subrogancia o contratación temporaria no se prolonguen de manera indefinida en el tiempo.
Otra de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo están vinculadas al examen psicofísico. Al cambiar el artículo 6, se elimina el requisito de acreditar la aptitud psicofísica con carácter previo y como recaudo de admisión a los concursos, trasladándose dicha obligación a la parte final del concurso y sólo a aquellos postulantes que hayan aprobado el examen de oposición. "Como está actualmente en la Ley, se pierde mucha plata en psicofísicos de postulantes que después no aprueban el examen de ingreso", fundamentó Garay.
Asimismo, la idea es eliminar el concurso obligado a principio y a fin de año. A propósito, detalló Garay: "Hemos dejado la posibilidad de que se llame a concurso cuando se presente la necesidad, ya sea por un cargo o por cincuenta". En ese sentido se refirió al cambio del artículo 11, mediante el cual se procura adaptar las convocatorias a las necesidades efectivas de cobertura de cargos nuevos o vacantes, permitiendo a la autoridad ministerial la realización de las convocatorias cuando exista necesidad.
El responsable de la cartera de Gobierno adelantó que el proyecto de Ley para modificar el actual Régimen de Concursos ingresará esta semana a la Legislatura para su correspondiente tratamiento. "La idea es que nos den los dos tercios para que se pueda votar ya que viene con acuerdo de UPCN y ATE que tienen representación en la mesa paritaria", se mostró confiado Garay, señalando que ingresaría primero por el Senado.
La normativa será aplicada para el ingreso de personal de todo el escalafón de la Administración Central y entes descentralizados. No están contemplados los empleados municipales ni aquellos que posean regímenes especiales de concurso, como los docentes y algunos del ministerio de Salud.
"Con la Ley aprobada, tendremos la posibilidad de aplicarla para ocupar 50 cargos vacantes y otros 60 para ascenso", celebró Garay.