A lo largo de la semana, la tensión entre el gobierno provincial y los candidatos del Partido Intransigente ha ido en aumento. Luego del cruce que se produjo entre el Ejecutivo y José Luis Ramón el último miércoles, el candidato a diputado nacional difundió documentación con la que demuestra que desde hace más tiempo no forma parte del directorio de la ONG Protectora y aclara que si bien es asesor legal no cobra honorarios por su trabajo. Incluso, aprovechó la oportunidad para acusar a Alfredo Cornejo de ser funcional a las necesidades de Ecogas. "Tengo una advertencia para el gobernador: los votos los tiene que volver a conquistar", aseveró.
La batalla está abierta y todo parece indicar que no habrá cuarteles hasta la realización de los comicios el 22 de octubre. Ofuscado por las declaraciones de algunos representantes gubernamentales, Ramón salió a atacar al gobernador y dijo que este último está usando su investidura para deslegitimar a un espacio que viene a revindicar los derechos del ciudadano. "Las críticas demuestran que los partidos políticos no quieren que las asociaciones civiles se involucren. Proscriben al ciudadano común", criticó.
En este sentido, el candidato a diputado nacional se jactó de defender durante años a los mendocinos desde el lugar que ocupaba en la ONG Protectora, cuando -entre otras cosas- consiguieron frenar durante años el aumento de la tarifa del gas. "En cambio, el gobernador demuestra que defiende los derechos de Ecogas", aseveró Ramón.
"El abogado que representa a la empresa es el mismo que encabeza el cuerpo de legales del Ministerio de Economía de Mendoza: Gustavo Boullaude", disparó el candidato del Partido Intransigente.
En cuanto a las proyecciones electorales, se mostró confiado de que llegará a convertirse en diputado nacional. "Nuestras expectativas son muy buenas porque al ciudadano no le estamos llegando con promesas. Les llegamos con el trabajo que venimos haciendo desde hace años", subrayó.
"Tanto el gobernador como Omar Félix tienen que empezar a comprender que nadie es propietario de los votos que consiguió en las PASO", adhirió en referencia a la confianza que se tienen los principales partidos de Mendoza de repartirse entre ellos las cinco bancas que se ponen en juego.
Los papeles de Ramón
Por otro lado, José Luis Ramón también difundió documentos con los que intentó despegarse de los dichos de Cornejo referidos a supuestas ONG que se dedican a lucrar en lugar de defender a los ciudadanos. En concreto, el abogado presentó documentación en la que acredita que desde septiembre del 2014 renunció al cobro de honorarios por sus servicios legales en Protectora y remarcó que desde 2016 no está al frente de la ONG, por lo que no hay impedimentos para su candidatura.
El primer round de esta pelea se dio el miércoles 20 de septiembre, cuando el gobernador habló de algunas organizaciones "que se dedican a cobrar honorarios en vez de defender al consumidor". Este comentario fue tomado como una chicana por los candidatos del Partido Intransigente, estrechamente ligados a Protectora.
Para despegarse de esa polémica, este viernes Ramón difundió una imagen del documento firmado ante escribano público en 2014 en el que se desligan del cobro de honorarios en las causas de Protectora.
A eso, agregó que desde el año 2016 ni el ni Mario Vadillo (candidato a diputado provincial) están al frente de la ONG Protectora, por lo que sus candidaturas no violan lo dispuesto en la Ley de Defensa al Consumidor.
Específicamente, la norma establece en su artículo 57 que "para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles no podrán participar en actividades políticas partidarias". Según Ramón, Protectora participa en política, porque ellos solo son representantes legales de la ONG y no forman parte del directorio.
En cuanto a la presencia del nombre de Protectora en la boleta del Partido Intransigente, admitió que puede ser confuso pero que no significa que la organización sea la que participa en política. "La disposición de la ley de defensa al consumidor se refiere a la institución y no a las personas. ¿Qué impide que esté el nombre en la boleta? Lo que impide la ley es que la institución participe en política. Los que estamos participamos somos personas", argumentó sin ocultar su enojo.
"Lo que estaría en contra de la ley es que ellos cambien los colores del escudo provincial; que violen la veda con sus carteles; que sigan inaugurando obras; o que funcionarios como la ministra Claudia Najul hagan campaña sin pedir licencia. Incluso que el gobernador haga campaña", concluyó Ramón.