Los estudiantes que mantienen tomados 29 colegios secundarios públicos y universitarios de la ciudad de Buenos Aires desde el pasado 29 de agosto continuarán con estas protestas contra la reforma de la escuela media que impulsa el gobierno porteño, aunque cada colegio definirá en asambleas si se pliega a las ocupaciones.
"Por su carácter inconsulto, el desconocimiento del modo de aplicación y las características de fondo de la reforma, no están dadas las condiciones para que empiece a aplicarse", dijo a la agencia Télam Santiago Legato, presidente del centro de estudiantes del colegio Nicolás Avellaneda, durante una conferencia de prensa esta tarde en esa institución educativa.
La propuesta de los estudiantes es convocar a un congreso educativo en 2018 para debatir la reforma entre pedagogos, maestros, expertos educativos, representantes de los alumnos y autoridades del área de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
"Entendemos que la educación está en crisis y que no se puede seguir improvisando, así que pedimos una prórroga de esta reforma hasta que pueda ser discutida entre todos los actores de la comunidad educativa", indicó Legato.
Asimismo adelantó que hoy a las 17 los estudiantes se reunirán en el Ministerio de Educación de la Nación (Pasaje Pizzurno 935) desde donde marcharán hasta el Ministerio de Educación porteño (Av. Paseo Colón 255) para continuar con los reclamos.
La conferencia de prensa estuvo encabezada por representantes de cuatro de los colegios tomados y tuvo lugar después de una asamblea de la que participaron los agrupados en la Coordinadora de Estudiantes de Base.
"No hay manera de que este conflicto se resuelva durante 2017, a menos que sea de manera unilateral, arbitraria e inconsulta", aseguró a esta agencia el estudiante del colegio Avellaneda.
Según los alumnos, la adopción de las medidas de fuerza excede la cuestión de las prácticas educativas o los facilitadores docentes y las atribuyen a "la ausencia de diálogo sobre la reforma".
"No estamos discutiendo el contenido, sino la necesidad de instancias de diálogo real para llevar adelante una modificación de este tipo", expresaron los alumnos.
Manuel Obando, alumno del colegio Lenguas Vivas, expresó durante la conferencia: "Hay 17 colegios en lo cuales se comenzaría aplicar la reforma el año que viene y sus propios rectores no tienen ni la más mínima idea de cómo se va a llevar a cabo. Ahí es donde aparece el grado de desinformación y de ineficacia de esta medida".
Aunque destacó que tuvieron varias reuniones en 2016 con autoridades del ministerio de Educación, muchas de ella con la ministra Soledad Acuña presente, Obando aseguró que en ninguna de estas se mencionó la existencia de esta reforma.
"Ellos mismos nos indicaron que hace más de un año que están trabajando en este proyecto, pero ni los estudiantes, ni los docentes ni lo padres habíamos sido consultados", destacó el alumno del Lenguas Vivas.
Por su parte, el ministro de Educación de la nación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que "la escuela pública se defiende con la escuela abierta y no impidiendo a los alumnos ejercer su legítimo derecho a la educación",
"Hay quienes paralizan la escuela y le impiden a los alumnos ejercer su legítimo derecho a la educación diciendo que lo hacen para defender la escuela pública", indicó el funcionario.
Por su parte, la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, en declaraciones a radio Continental rechazó las tomas y dijo que lo que se hace con esa acción "es cerrar la puerta de un derecho constitucional como es la educación".
Advirtió además que será la justicia "la que determine si es o no un delito", en referencia a la medida de fuerza que sostienen una parte de los estudiantes en rechazo a la reforma de la escuela secundaria.
"Nosotros estamos convencidos que tomar una escuela está mal, que la justicia le ponga el nombre jurídico. No tenemos intenciones de ponernos a discutir con una parte de la justicia que ya ha resuelto que oponerse a las tomas es criminalizar la protesta, con lo cual nosotros no vamos por ese lado, pero sí vamos a seguir diciendo que está mal", sostuvo Acuña.
"La justicia dirá si es o no un delito, desde mi lugar que es el de titular de la cartera educativa yo lo que digo es que está mal", insistió.