El "libre de deuda" decretado por el Gobierno provincial que obliga a los empleados estatales a estar al día con sus impuestos recibió hoy un nuevo reclamo judicial.
Tal como lo hicieran días atrás los profesionales de la Salud nucleados en Ampros, la CTE presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra el decreto que ata la continuidad laboral o la mantención de adicionales salariales de los empleados estatales si no están al día con los impuestos provinciales. "Se plantea la violación de los artículos 14 bis, 16 y 28 de la CN; y el 12 de la C.Mdza", indicó la central gremial en un comunicado.
"El pasado 14 de agosto, el gobernador Alfredo Cornejo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1.267/17, mediante el cual exige a l@s trabajador@s estatales la presentación de un certificado de libre de deuda como condicionamiento para la renovación de contratos o la mantención del cobro de adicionales salariales. Tal como fue denunciado desde su entrada en vigencia por la totalidad de los gremios que representan al sector público, se trata de otra medida coercitiva por parte de la gestión provincial", consideró la CTA.
Por ello la central fue a la Corte con una acción de inconstitucionalidad de la norma por entender que viola garantías legitimadas por nuestra Carta Magna.
"El recurso plantea el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 14 bis en cuanto a la protección del trabajo, la integridad del salario y la estabilidad laboral; así como del artículo 28 ya que se vulnera el principio de razonabilidad, debido a que su reglamentación altera los derechos, principios y garantías reconocidos por la propia Constitución Nacional. Además, se entiende que incumple con el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 16, que es "el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias"", señaló el gremio.
"Por otra parte, el amparo deja explícita también la violación del artículo 12 de la Constitución Provincial desde el punto en que el Gobernador se atribuye facultades que no le han sido conferidas legalmente", agregó.
Con esta presentación judicial la CTA espera que Cornejo dé marcha atrás con el decreto.