Una organización presentó el segundo amparo ante la Justicia provincial contra la autorización que el Gobierno le concedió a la empresa El Trébol S.A. para realizar extracciones por fracking en cuatro pozos petroleros ubicados en el yacimiento Puesto Rojas, de Malargüe.
Dicha medida judicial fue solicitada por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE), ante el Vigésimo cuarto Juzgado Civil y Comercial, a cargo de María Eugenia Ibaceta, por el proyecto que fue aprobado a fines del mes pasado por la Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente, que autoriza a la empresa El Trebol a realizar extracciones mediante la "estimulación hidráulica" en los cuatro pozos activos de Puesto Rojas, iniciando el procedimiento de Evaluación Ambiental junto a la "adecuación" de la infraestructura, sin necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental.
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Presentaron un amparo para detener el fracking en el sur provincial
Un grupo de abogados presentó un amparo para detener el fracking en el área petrolera Puesto Rojas de Malargüe. Reclaman la realización de una evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas. El Ejecutivo autorizó el procedimiento a través de una resolución "exprés".
Este pedido de amparo se suma al que presentó esta mañana un grupo de abogados encabezado por Marcelo Romano ante el Tercer Juzgado en los Civil y Comercial, quienes solicitaron el cese de actividades mediante fracking en el yacimiento petrolífero malargüino.
En los argumentos, la FAdE sostiene que "los mencionados proyectos no fueron sometidos a consulta pública, en abierta violación a los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y de la Ley provincial 5961". Además entiende que "se ha violado la Ley General de Ambiente de la Nación, a la cual deben someterse todas las legislaciones provinciales".
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Con la firma del abogado patrocinante Agustín Sanchez Mendoza, el documento presentado por la institución añade que "nuestra solicitud de medida cautelar se apoya en la denuncia de que de esta manera se han conculcado derechos humanos básicos: derecho a un ambiente sano; derecho a la información ambiental; principio de legalidad; principio de razonabilidad; y principio de seguridad jurídica".
A su vez, la FAdE recuerda que "no es la primera vez que debemos salir a cuestionar proyectos ambientales que se ejecutan sin estudios previos de impacto ambiental o se aprueban al margen de los actores potencialmente interesados y/o afectados, como es el caso de las denuncias relacionadas con el desmanejo de las áreas naturales protegidas, según expedientes iniciados en Fiscalía de Estado (6551-D-2016-05179) y la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados (Expte. 72583 del 3.4.2017), ambas sin respuesta al día de la fecha, situación que constituye una violación al artículo 24 de de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 75 -22- de la Constituvión Nacional, que obliga a las autoridades a dar pronta respuesta a las peticiones de los ciudadanos".