La justicia de Nueva York rechazó la demanda contra Mendoza de un bonista que no había canjeado los títulos del Bono Aconcagua, algo que fue muy bien recibido en casa de Gobierno, porque de lo contrario la provincia debía afrontar gastos de apelación y, en última instancia, el pago de más de 23 millones de dólares.
El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, explicó que la reciente victoria de Mendoza ante los bonistas que reclamaban el pago millonario y el "embargo" de los pagos, deja a la provincia en una situación ventajosa a la hora de salir a pedir financiamiento.
No obstante, aclaró que no está previsto otro endeudamiento para lo que queda del año.
"Éramos optimistas, porque entendíamos que el reclamo era extemporáneo y, si bien hay una instancia de apelación, entendemos que la sentencia del juez Marrero es contundente", explicó el ministro de Hacienda.
Gracias al rechazo de la justicia neoyorkina, el bono Mendoza 2018 (que reemplazó al Aconcagua) quedará completamente saldado en septiembre del próximo año, cuando venzan los últimos servicios de la deuda.
Quienes sí aceptaron la renegociación en 2004 recibirán las últimas tres cuotas (una en septiembre de este año, otra en marzo de 2018 y la última en septiembre del mismo año).
Nieri indicó que su optimismo se debió a que la situación de la provincia fue distinta a la de la Nación, ya que nunca dejó de cumplir sus compromisos de pago con los bonistas que aceptaron el proceso de negociación en 2004. Además, Mendoza ya había pasado por otras dos instancias judiciales en ese año y las había ganado.
El buen comportamiento de Mendoza colaboró para que no hubiera dificultades en la colocación de los bonos a principio y a mitad de año. "Para los bonistas nunca fue un impedimento", finalizó Nieri.
La estrategia legal
El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, consideró que el fallo de la Justicia neoyorquina "reafirma la reputación de Mendoza" en materia de cumplimiento de pagos, la cual "nos permite tomar deuda a tasas bajas".
Garay reconoció que, en principio la demanda les "preocupó porque el bonista reclamaba más de 23 millones de dólares", pero destacó que el Gobierno contrató en marzo al estudio de abogados Cleary y de Cabanellas Etchebarne Kelly y Dell Oro Maini y, con los letrados, se definió la estrategia judicial que les permitió obtener la victoria.
"Se decidió plantear una moción de desistimiento, entendiendo que el capital e intereses de la deuda que no ingresó al plan de reestructuración están prescriptos", señaló Garay. Además se incluyeron los antecedentes del Gobierno argentino en su negociación con los hold-out, que se cerró el año pasado, y los fallos favorables a la Argentina luego del arreglo.
El ministro señaló que el planteo judicial de Moshe Marcel Ajdler es "la única demanda que tuvimos por la reestructuración del bono Aconcagua" y, en ese sentido, consideró que "no hay posibilidades que puedan entrar nuevos juicios gracias a este precedente".