A poco de comenzada la campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se conoció un dato polémico: este 2017 se presentaron 40 por ciento más listas que en el 2015, y desde el ministerio del Interior sospechan que es para captar fondos estatales.
Según un informe publicado por La Nación, de 235 listas presentadas para candidatos nacionales en el 2015, se pasó a 329, un récord histórico para el país. La sospecha es que se crearon muchas listas sin aspiraciones reales para quedarse con los fondos para imprimir boletas que reparte el Estado.
Esta situación es el resultado del un fallo de la Corte Suprema, que en julio del 2015 resolvió que el Estado debe pagar las boletas de cada uno de los precandidatos a las PASO. Desde ese momento, los frentes electorales que más listas presentaran eran los que más fondos recibían.
Este año, por ejemplo, el frente Unión Federal, con casi ninguna posibilidad de llevar representantes al Congreso, presentó 26 listas, 13 para Diputados y 13 para el Senado. Entre los candidatos de este frente están el actor Ivo Cutzarida y el cantante Antonio Ríos. Tomando en cuenta la cantidad de electores en Buenos Aires, el estado debía darle 72 millones de pesos al ignoto frente. Tras detectar varias irregularidades, el juez electoral de La Plata, Juan Manuel Culotta inhabilitó al frente para competir en las PASO.
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Si bien ese no fue un caso aislado, otros partidos sí podrán presentarse a pesar de sus escasas chances de meter legisladores, y podrían cobrar cifras millonarias. Este es el caso de Bandera Vecinal, la agrupación de derecha muchas veces acusada de filonazi que dirige Alejandro Biondioni, que debía recibir casi 20 millones de pesos.
Esta situación llevó a que el Estado pasara por alto el fallo de la Corte y decidiera retomar el criterio que fija la ley 26.571, que en su artículo 32 establece claramente que la obligación del Estado debe ser "a cada agrupación [partido o frente] los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector". No por cada lista que presente.
Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE), el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, explicó que "el fallo de la Corte aplica sobre un caso concreto. Si una agrupación considera que necesita aportes del Estado para imprimir cada una de sus listas deberá solicitarlo a la Justicia. Si los jueces electorales lo aceptan, el Estado acatará el fallo".
Fuente: La Nación