La encuesta de victimización realizada por el Gobierno provincial ha puesto porcentajes a algo que desde hace tiempo se sabía. Los mendocinos no confían en la Policía. Según revelan los resultados presentados el viernes pasado por el Ejecutivo, sólo el 36% de los ciudadanos tiene confianza de la fuerza de seguridad local, contrastando con el 75% de confianza que genera, por ejemplo, Gendarmería Nacional. Según el procurador Alejandro Gullé, la corrupción de algunos uniformados podría ser la explicación a este fenómeno.
"Las noticias que más se remarcan son las de los policías que se desvían y cometen un ilícitos. Pero es una fuerza de 9.000 personas, y que un par se vayan al lado del delito no es justo para juzgar a toda la institución", manifestó el funcionario judicial, quien defendió el trabajo que realiza la Policía de Mendoza.
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Sin embargo, mientras que el Ministerio Público Fiscal alcanza un 40% de confianza, la Policía se encuentra casi cinco puntos por debajo de ese índice. La diferencia es incluso mayor con instituciones nacionales como la Policía Federal (54%), el Ejército (73,3%) y Gendarmería Nacional (75,6%).
Si bien Gullé habló de "un par" de efectivos incurriendo en maniobras ilegales, las estadísticas de la Inspección General de Seguridad revelan que en un año fueron sumariados más de 300 uniformados, entre ellos, 37 comisarios. Por un lado, estas investigaciones internas sirven para terminar con prácticas ilegales en la Policía, pero al mismo confirman las sospechas de miles de personas que ya desconfiaban de la fuerza que debe brindarles protección.
"Sin lugar a dudas en los últimos hubo connivencia política y negocios con la Policía", esgrimió el último jueves en MDZ Radio el ministro de Seguridad, Gianni Venier, al ser consultado por los escándalos de corrupción que se destaparon en los últimos meses. Desde la pérdida sospechosa de armas y chalecos, hasta la malversación en los servicios extraordinarios o el robo de combustible por cifras millonarias. "El ahorro del dinero que se estaba desviando permitió pagar el 80% de las movilidades adquiridas este año", cuantificaron desde el Ministerio que conduce Venier.
"Muchos han hecho negocios con la fuerza policial y la han llevado a lugares a donde no tenía que ir. Por los rumores -aún no probados- existió una connivencia con la política y había una idea de que la Policía debía ser parte del sistema y dar beneficios: trabajar de punteros para la campaña o llevar boletas en móviles y como contraprestación se hacía la vista gorda con los servicios extraordinarios", manifestó Venier.
Los uniformados pueden ser contratados por terceros para realizar servicios extraordinarios fuera de su horario laboral, ya sea para espectáculos deportivos u otros eventos. Sin embargo, los servicios se cobraban y en su lugar se enviaba a personal que estaba cumpliendo sus horas de trabajo. Por esa maniobra fueron apartados más de 10 comisarios.
Pero la depuración de la fuerza no acaba allí, sino que en poco más de un año ya son 37 los comisarios sumariados y un total de 381 uniformados.
El último escándalo salió a la luz hace dos semanas, cuando se dio a conocer que cinco miembros de la fuerza fueron separados por robar miles de litros de combustible. "Los móviles son monitereados por GPS para controlar sus movimientos. Un camión había gastado 200 litros de combustible y no se había movido del lugar, por ejemplo. Ese es el caso más flagrante pero hay muchos más", explicó en ese entonces el titular de la IGS, Marcelo Puertas. Por este hecho hay otros tres policías bajo investigación.
"Hay falta de confianza en las instituciones y la confianza no se puede imponer. Es como la fe. Se tiene o no se tiene. Lo único que podemos hacer es trabajar bien para levantar el nivel de confianza", expresó Gullé.