La calidad del servicio eléctrico no mejora, a pesar de los aumentos de tarifa. Y ese problema se refleja con un indicador objetivo: las sanciones que se imponen a EDEMSA la principal empresa distribuidora de Mendoza por el "apartamiento" de las exigencias de calidad impuestas en el contrato. El EPRE impuso una multa de 51 millones de pesos a esa empresa por los problemas del servicio ocurridos durante el semestre anterior. La sanción ocurre un día después de la convocatoria a audiencia pública para volver a aumentar la tarifa eléctrica. Esa audiencia, como publicó MDZ, será el 23 de mayo.
El cálculo se hace en base a los parámetros establecidos en el contrato de concesión, tomando además la cantidad de problemas que hubo para los usuarios. Claro que hay que hacer una salvedad: el Ente Regulador aplica la sanción a través de una resolución, pero ello no implica el pago inmediato. Hasta ahora EDEMSA ha pagado menos del 10 por ciento de las sanciones que se impusieron.
El total de la multa es por 51.569.074 pesos. De ese monto, EDEMSA debería resarcir a los usuarios de baja tensión (domiciliarios la mayoría) acreditándoles $38.911.778 y a los de alta y media tensión $5.175.236. Además debería pagar al Fondo Compensador otros $7 millones. "Aprobar el cálculo de la Sanción a EDEMSA por Apartamiento de los límites de Calidad de Servicio Técnico 16º Semestre Control-Etapa II", efectuado por la Gerencia Técnica del Suministro por la suma de $ 51.569.074", dice la resolución.
Pero además, la misma empresa fue sancionada con 3.674.555, que debe acreditar a los usuarios de algunos departamentos: Lavalle $742.384,58; Maipú $536.294; Malargüe $527.425; Tunuyán $1.254.608; Tupungato $613.841.
Según la planilla oficial publicada por el EPRE, hasta ahora se impusieron multas por $ 136.893.688 pesos. Pero la empresa solo acreditó $12 millones a los usuarios y no pagó nada al Fondo Compensador.
Como ocurre con todas las sanciones, ahora la empresa puede recurrir administrativamente la resolución. Luego puede ir a la Suprema Corte. De hecho el máximo tribunal está plagado de demandas cruzadas entre el Estado y la empresa concesionaria.