En medio de las denuncias cruzadas entre enduristas y Daniel Vila, propietario de la estancia San Isidro, el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, ratificó el accionar del organismo que conduce y minimizó el conflicto por el agua de la cascada. "El tema de la contaminación industrial es más complicado que este", advirtió.
Según el funcionario, ha quedado claro que las aguas son públicas y que Irrigación tiene el poder de policía de las mismas. Por este motivo, destacó que cuando se detectaron las obras ilegales, se paralizaron las tareas hasta que pagara una multa, se empadronara y se ajustara a las exignecias del DGI.
"Hoy la deuda está al día y la obra se hizo acorde a los pedidos de Irrigación", explicó y subrayó que ese es el organismo que tiene el poder de policía y a diario controla la situación.
Por último, aclaró que la mayoría de las acciones fueron ordenadas por la gestión previa y que no puede ir para atrás con eso. "Hemos ordenado inspecciones para resguardar el uso del recurso", adhirió pensando en el futuro.
La polémica estalló el año pasado, durante la gestión de José Luis Álvarez, luego de que enduristas denunciaran la canalización ilegal de las aguas de la casacada de San Isidro. Esto fue corroborado por Irrigación, que en noviembre del 2016 le impuso una multa de 40.000 pesos a Daniel Vila.
El 13 de febrero de este año, un mes antes de dejar el mando, el peronista Álvarez terminó aprobándole la obra a Vila. La resolución del DGI (nº 60/2017) correspondiente indica que se autorizó a Vila a construir "una toma de captación de agua" bajo el argumento de que la misma "beneficie a todos los pobladores de San Isidro".