La discusión se da en la calle, en las familias y en la comunidad. ¿Una persona que cometió un delito tiene que esperar el juicio preso? El mismo tema está en plena discusión en la Suprema Corte de Mendoza, el máximo organismo de la Justicia y que sienta precedentes para el resto de los jueces. En particular la tensión se genera para determinar cómo deben calcularse las condenas por los delitos en "grado de tentativa", es decir aquellas personas que intentaron delinquir y lo lograron consumar el hecho. La interpretación es fina y las consecuencias determinantes: según el criterio que se tome, una persona puede quedar en libertad o ser detenida. Con ese tema como bandera, el juez José Valerio dio su primer "golpe" interno, al imponer el criterio más duro en un fallo.
Las posturas en la Corte están bien definidas: hasta ahora se tomaba como parámetro que las penas para delitos en grado de tentativa se calculaban desde "un tercio del mínimo" de las condenas para delitos consumados. El otro criterio es interpretar que el piso de las condenas es "restarle" un tercio a la mínima. La diferencia es amplia y el debate se genera por la interpretación del artículo 44 del código penal. "La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad", dice el artículo. La pelea es lingüística.
La Sala 2 de la Corte es la que lleva los casos penales y hasta ahora adoptaba el criterio más laxo. La llegada de José Valerio sumó una voz distinta y en los últimos días el debate quedó plasmado en un fallo en el cual el propio Valerio fue el encargado de argumentar. Y por primera vez se tomó una posición distinta: se tuvo en cuenta la postura más dura y se le negó un recurso de suspensión de juicio a prueba a un acusado. La clave en ese fallo fue que no votó Omar Parlermo y en su lugar lo hizo Jorge Nanclares, quien apoyo el endurecimiento de la postura.
"Considero como correcto criterio para la determinación de la pena en los casos de tentativa, que a la escala penal prevista para el delito consumado se le reduzca un tercio del mínimo y la mitad del máximo, quedando fijada entonces en los dos tercios del mínimo y la mitad del máximo y sobre ella aplicar la pena que se estime justa en el caso correcto", explica Valerio en el fallo. El caso particular es sobre un hombre que intentó robarse una bicicleta amenazando con un cuchillo y fue atrapado por la policía. Sin embargo en la Corte esperan casos que involucran delitos más graves. Mario Adaro es el tercer juez de la sala y hasta ahora mantuvo la postura adoptada por Palermo. Pero, aseguran, no es una posición intransigente porque el juez asegura que es necesario ver "caso por caso".
En el Poder Ejecutivo siguen de cerca el tema. El propio Alfredo Cornejo se ha manifestado a favor de la postura de Valerio y, justamente, ese fue uno de los motivos por los cuales lo postuló para ocupar un lugar en la Corte. La queja es recurrente: hay personas que delinquen y están libres y muchas veces son detenidas tras cometer otro delito más grave. "Hay delincuentes que están libres por haber cometido un delito con armas en grado de tentativa. Y después pueden cometer un homicidio", aseguran. El otro problema que podría generar esa postura es dónde alojar a las personas que podrían quedar detenidas si se cambia el criterio.
Para Valerio interpretación que usa la Corte hasta ahora "lleva a por lo menos a una inconsistencia del sistema jurídico, que impide su aplicación". El juez explica, por ejemplo, que una persona acusada por homicidio simple en grado de tentativa tendría una pena potencial de 2 años y 8 meses, cuestión que podría generarle la excarcelación o la suspensión del juicio a prueba. Incluso se toma un argumento de la propia corte, redactado por Nanclares cuando el criterio era otro. "Es función del sistema judicial penal, en un escenario de inseguridad como el que se vive de manera cotidiana, responder con eficacia a fin de evitar la impunidad y repetición de hechos similares, siendo un mensaje al conjunto de la sociedad que tales hechos no deben ser tolerados y aceptados y, a su vez, disuadir a modo de contramotivación a aquellos que pretenden cometerlos", argumenta.
Las posturas entre Valerio y Palermo son irreconciliables. En el Gobierno apuestan a que haya una "renovación" de la intergración de la Sala 2 como otra opción para "cambiar los criterios" sobre la visión penal del máximo tribunal.