"Obligaban a la gente a vestir determinada camiseta para ir a un acto". La cita es de la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien denunció oportunamente a la organización barrial de la Tupac Amaru por montar una estructura para desviar fondos públicos supuestamente orientados a la construcción de viviendas que jamás se entregaron.
Luego de que el abogado defensor de Nélida Rojas, Alfredo Guevara, asegurara que la detención de la dirigente responde a un armado político y mediático; la legisladora sostuvo que hay "causales sumamente graves" que justifican el procedimiento resuelto por la Justicia mendocina.
A propósito, refirió que "lo más importante fueron los testimonios de las personas que se sentían víctimas de prácticas amenazantes y extorsivas por parte de quienes manejan la estructura (de la Túpac en Mendoza)". "Además del desvío de fondos públicos, estuvo la conformación de esta asociación ilícita. Todo lo cual termina estando hoy en la resolución judicial", dijo en Uno nunca sabe, programa que se transmite por MDZ Radio.
Al referirse a la asociación ilícita, comentó que "era una estructura que funcionaba de manera muy paralela y similar, a cargo de los miembros de una misma familia, muy parecido a lo de Jujuy y a partir de esto se termina armando casi un Estado paralelo que no solamente recibe sumas millonarias al margen del Estado y que va a parar a esta organización, en donde hay una malversación de recursos públicos, sino que se permite ejercer la coacción prácticamente extorsiva sobre sus propios miembros".
"Los testimonios que recibimos eran muy impactantes de la gente que se sentía obligada a vestir determinada camiseta para ir a un acto", confirmó y añadió que "también era un tema el dinero que se les sacaba a los socios, porque no sólo eran los recursos públicos que provenían del Estado destinados a viviendas que no se hacían sino que también se obligada a los socios al pago de cuotas extras, lo que se considera estafa".
Sobre el delito de extorsión que relativizó Guevara, Stolbizer apuntó que hay elementos probatorios: "Acá habían muchos testimonios, recibos particulares de los dineros y hay una forma de funcionamiento, lo que pasa es que además hay un concurso de varios delitos".
En relación al presunto armado "político", la diputada apuntó: "Obvio que la política cruza nuestras vidas y que el que hace una estructura para recibir plata del Estado y hacer viviendas está haciendo política y que las decisiones que se toman en los Gobiernos son políticas pero creo que esa descalificación de la política como la base de la acción de algunas personas no debería ser así y tampoco quiero aceptar ni conceder, de ninguna manera, que en las investigaciones penales judiciales sobre delitos que se cometieron en contra de la administración pública en el gobierno anterior hay una persecución política, de ninguna manera, sino que hay delitos comunes cometidos por funcionarios públicos y por dirigentes sociales que han afectado seriamente a la administración del Estado".
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