José Luis Álvarez tiene los días contados como superintendente del Departamento General de Irrigación y ya existen muchas especulaciones sobre quién puede ser el elegido del gobernador para sucederlo en el cargo. Si bien los nombres que circulan son de funcionarios y legisladores cercanos al radicalismo, especialistas en Derecho de Agua aseguran que la única manera de devolverle el prestigio de antaño a este organismo, es despolitizando la conducción del mismo y dejarlo en manos de personas que tengan real conocimiento de los problemas que hoy padece el sistema hídrico mendocino.
"Por sus características -establecidas en la Constitución de Mendoza- el Departamento General de Irrigación debe tener una autonomía absoluta del poder central. Por eso es que mientras que el mandato del gobernador de la provincia dura 4 años, el del superintendente se extiende durante 5 años. No es casualidad que no coincidan", explica Enrique Di Filippo, jurista que durante décadas se desempeñó dentro de ese organismo. En este sentido, el especialista aseguró que el gobierno del agua se ha politizado en los últimos años y advirtió que eso ha concluido en resultados "lamentables".
En concreto, el funcionamiento del DGI está determinado en la sección VI de la constitución provincial. Mediante 10 artículos no sólo se establecen los alcances de este organismo, sino se asienta que se trata de un ente que "sancionará anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos". "Todos los asuntos que se refieran a la irrigación en la Provincia, que no sean de competencia de la justicia ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un Departamento General de Irrigación compuesto de un superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, de un consejo compuesto de 5 miembros designados en la misma forma y de las demás autoridades que determine la ley", agrega el artículo 188 de la carta magna.
Miguel Mathus Escorihuela es uno de los referentes provinciales en materia hídrica y desde hace años se ha convertido en uno de los principales detractores del Departamento General de Irrigación. Consultado por MDZ, afirmó que su enfrentamiento con el gobierno del agua se debe a la "mala gestión" y las continuas violaciones a la ley mediante la sanción de reglamentaciones irregulares."La política hídrica está establecida en la ley de aguas y en la propia constitución, pero no se cumple. No hay que salir a legislar, sino ajustarse a lo que dicen esas leyes", advirtió y cuestionó las resoluciones que fueron firmadas por los últimos superintendentes. "Nos han saturado de legislación y se olvidaron de poner el acento en la gestión", aseveró.
Las críticas de Mathus Escorihuela no solo apuntan contra la cabeza del DGI, sino contra todos los miembros del Honorable Tribunal Administrativo. "Hace falta un estricto control de la gestión y eso hoy no lo hacen los consejeros de las inspecciones de cauce", advirtió el actual vicerrector de la Universidad de Mendoza, incluyendo en el paquete al actual consejero del Río Mendoza, Alejandro Gennari. Justamente, este último es un hombre de extracción radical al que muchos apuntan como potencial sucesor de José Luis Álvarez al frente del DGI.
"Lamentablemente la autonomía del Departamento General de Irrigación es una novela de ciencia ficción", manifestó por su parte Armando Llop, otro hombre que a lo largo de su vida se ha especializado en derecho de aguas. Llop es miembro del Instituto Nacional del Agua y entiende que se ha llegado a una situación en la que los representantes de los ríos provienen de la política y están alejados de la realidad de los regantes. "Irrigación necesita una persona capaz de discernir entre el bien público y el bien partidario. Un enamorado de la cosa pública capaz de llevar adelante su rol con integridad y transparencia", afirmó y sostuvo que esto es "lo opuesto a lo que ha estado sucediendo".
"Se necesita una total depuración de toda la tortuosa normativa que se ha generado internamente, para volver a las esencias y principios básicos que hacen a la gestión del agua", esgrimió. Para ello, adujo que es necesario "conformar equipos técnicos en serio" que sepan manejar la información para tomar las decisiones correctas.
Por último, el abogado Marcelo Romano se sumó a las críticas contra el funcionamiento actual del Departamento de Irrigación y aseguró que lo peor de los últimos años es la sensación de impunidad que se generó en torno a irregularidades que fueron detectadas sin que se aplique ningún tipo de castigo. En ese paquete incluyó a funcionarios que dispusieron de máquinas del organismo para realizar trabajos en emprendimientos personales, la concesión irregular de pozos de agua y la venta de derechos de riego. "Lo primero que hay que hacer es normalizar y terminar con la impunidad. Se ha generado un mercado negro del agua", aseveró Romano.
En sintonía con el resto de los especialistas, Romano sostuvo que los consejeros de los ríos deben representar a los regantes de cuenca y descentralizar política y administrativamente Irrigación. "Hoy el DGI está arrodillado ante el poder político y pierde su institucionalidad", concluyó Romano. Si bien su nombre también se barajó en algún momento para superintendente, admitió que es poco probable que el Ejecutivo ponga el ojo en él, pero no descartó serlo en el futuro.