El Gobierno provincial comenzó a poner en funcionamiento los mecanismos técnicos para salir a endeudarse en el 2017. Así consta en el decreto 95 publicado el último lunes en el Boletín Oficial, en el cual se autoriza la contratación de los servicios y operatorias financieras necesarias para ejecutar la toma de crédito. En total, en el Ejecutivo aclaran que tienen autorizado adquirir nuevos préstamos por 7.000 millones de pesos, aunque sostienen que aún no definen el monto que precisarán.
"Estamos llamando a bancos que organicen los nuevos financiamientos con el tiempo suficiente y no como hicimos con el 2015 para tomar 500 millones de dólares", expresó el gobernador Alfredo Cornejo luego de visitar las obras del túnel que unirá las localidades de Cacheuta y Potrerillos.
En este sentido advirtió que sólo están realizando los pasos necesarios para buscar financiación externa, con el objetivo de estar listos para tomar deuda cuando se presenten condiciones convenientes. "Lo vamos a usar en la medida en la que lo vayamos necesitando", aclaró.
En total, la Legislatura ha autorizado a Cornejo a tomar unos 3.500 millones de pesos para la amortización de deuda vieja y otros $3.500 millones para el financiamiento de déficit estructural. "Cubrir el déficit estructural se refiere a que el Estado recauda menos de lo que gasta. La otra opción que queda es equilibrar la balanza con un ajuste feroz de un día para el otro y nuestra gestión no intenciones de hacerlo, porque creemos que no es conveniente para la economía. Lo haremos de a poco", remarcó el mandatario.
La estrategia del gobierno provincial es sencilla. Tomarán deuda para pagar los vencimientos de la deuda que ya existe, negociando mejores condiciones en los nuevos créditos. Esta opción le fue autorizada al Gobierno a través de la ley 8816 y luego se ratificó en el presupuesto.
En concreto, el artículo 2 de la ley de Emergencia Fiscal establece: "Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito público con destino a la cancelación de las obligaciones que surjan por los vencimientos de amortización de la deuda pública a producirse durante los Ejercicios 2016 y 2017". Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, los vencimientos superan los 3.500 millones de pesos.
Mientras tanto, el artículo 39 de la ley de presupuesto (8930) le permite al gobernador buscar otros 3.8 millones de pesos destinado a "cubrir erogaciones de capital, priorizando la ejecución de trabajos públicos, construcción de viviendas, capitalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, obras de agua y saneamiento, equipamiento para la prestación de los servicios públicos y para el pago de intereses de la deuda por hasta la suma de $1.000.000.000".
Si bien en el Gobierno aclaran que la provincia no está pensando a salir a colocar deuda por el total del monto permitido, confiesan que quieren estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que se presente en el mercado.
El contexto electoral, sumado a los cambios comerciales que se dan a nivel global y la guerra de mercados que se ha desatado desde el triunfo de Donald Trump, son condimentos que han alterado el sistema financiero en el mundo. Mediante el decreto 95, se da el primer paso para salir a ofrecer títulos provinciales: contar con el servicio de entidades capaces de realizar esas operaciones.
En otras palabras, el fundamento paracontratar ahora es tener capacidad de reacción cuando se presente una oportunidad de salir a buscar plata. El ejemplo que esgrimen es claro: si en marzo el mundo le pone un freno a Trump se podrían abrir oportunidades convenientes. Si recién en ese momento empieza el proceso licitatorio para buscar al organismo que ayuda a colocar, se escapa la oportunidad.
Esto le ocurrió, por ejemplo a la provincia de Entre Ríos. Hace cuatro meses salió al mercado, pero el triunfo de Trump en Estados Unidos generó incertidumbre y se contrajeron las operaciones. Recién la semana pasada la provincia entrerriana consiguió el dinero que necesitaba, y no a la mejor tasa.
Además del contexto global, en el ámbito interno también hay variables que condicionan el optimismo de los inversores. Por ejemplo, no serán las mismas las condiciones si Cambiemos se impone en las PASO que si eso no ocurriera.
Por último, aclararon que los servicios financieros que se contratan a través del decreto 95 son indispensables para armar paquetes, prospectos, contactar inversores y colocar la deuda, pero no se les paga si no se realiza ninguna operación.
"Se deja todo listo para utilizarlo cuando convenga", concluyen desde el Ejecutivo.