El Parque General San Martín es uno de los íconos de la provincia de Mendoza. Sin embargo, en las últimas semanas se convirtió en blanco de denuncias que involucran irregularidades en una licitación convocada por la Secretaría de Ambiente.
Desde dos organizaciones ambientales pidieron que Fiscalía de Estado suspenda la tala de árboles que está llevando a cabo la empresa Consultora Logística Ambiental S.A. En concreto, advierten que la misma está trabajando sin que exista una declaración de impacto ambiental y que se está violando una ley al entregar como forma de pago la madera de los ejemplares talados. Lo más grave, es que la compañía está registrada a nombre de los hijos de una funcionaria que se desempeña en el área de forestación.
Laura Cinta es una ingeniera agrónoma que cuenta con conocida experiencia en lo que respecta al arbolado público. Fue jefa de forestación durante el gobierno de Julio Cobos y hoy cumple funciones en la dirección de recursos naturales. Según denuncian desde la agrupación Cullunche y la Asamblea por el Árbol, es quien debe controlar a las empresas que realizan tareas de forestación, pero podría haber una incompatibilidad.
En enero, se adjudicó a Consultora Logística Ambiental la tala de 715 ejemplares por un monto de 2,5 millones de pesos. Justamente, esa empresa está a nombre de José Isgró y Anahí Isgró, hijos de la funcionaria de Recursos Naturales. "Pedimos que Fiscalía de Estado investigue si existe una incompatibilidad", expresó Jennifer Ibarra, titular de la Fundación Cullunche.
Pero además de ello, Ibarra sumó otros dos argumentos a su denuncia por irregularidades. Según expresó, la venta de madera extraída del Parque General San Martín está prohibida por el artículo 28 de la ley 6394. El mismo establece: "Queda prohibido al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo el efectuar donaciones o ventas totales o parciales a personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, de los terrenos o bienes que integran en la actualidad del Parque General San Martín, sin que previamente se realice una evaluación de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente".
Tanto Cullunche como la Asamblea por el Árbol manifestaron que en el caso de esta licitación no hubo una declaración de impacto ambiental, por lo que no estaría permitido que el Ejecutivo pague parte de los trabajos con madera. A eso, suman que no está claro cuáles son los ejemplares que se talarán y ponen en duda que estén secos o enfermos.
En respuestas a estas acusaciones el administrador de Parques y Zoológicos, Ricardo Mariotti, aseguró que la declaración de impacto ambiental estaba incluida en el proyecto integral de remodelación del Parque que presentó el gobernador Alfredo Cornejo en noviembre del 2016. Según explicó el funcionario, el plan contemplaba tanto la tala de centenas de ejemplares, como la colocación de cámaras de seguridad y mejoras en la iluminación del paseo más importante de la provincia.
En este sentido, Mariotti aseguró que la ley 6006 les permite utilizar la madera como parte de pago y destacó que se eligió a la empresa Consultora Logística Ambiental S.A porque fue la que mejor oferta presentó. "Ellos hicieron la mejor propuesta económica, la cual incluía una bonificación del 20% por el retiro de la madera" esgrimió el funcionario.
En cuanto al vínculo de Laura Cinta con la empresa oferente, aseveró que no hay ningún impedimento que impidiera contratarla. Además, subrayó que no tenían conocimiento sobre esta situación.
Ahora Fiscalía de Estado deberá expedirse al respecto y podría paralizar las tareas de tala y erradicación de árboles en el Parque. Según expresaron desde el órgano de control que conduce Fernando Simón, se le ha requerido la información correspondiente a la Secretaría de Ambiente para determinar si efectivamente existe una declaración de impacto ambiental. Además de ello, han puesto la lupa sobre la habilitación para entregar madera en forma de pago y la posible incompatibilidad en la licitación adjudicada a los hijos de una funcionaria.Por último, desde la Asamblea por el Árbol advirtieron que la venta de madera es algo recurrente en el Estado, sobre todo cuando se encuentra a un buen precio en el mercado. "Pedimos que la Secretaría de Ambiente parara la tala, pero como no hubo respuesta decidimos presentarnos en Fiscalía de Estado, remarcó la ingeniera Teresita Capezzone. Las organizaciones que denuncian las irregularidades fueron aliados del Gobierno hasta hace poco, como parte de la gestación del proyecto de Ecoparque. Pero cuando se aprobó la ley, también denunciaron que se había modificado el espíritu del proyecto y por eso se alejaron.