Poco más de dos semanas necesitó el gobierno provincial para aprobar los cambios a los que el SUTE había expresado su rechazo. Luego de que el gremio docente se negara a aceptar el plan del Ejecutivo para reestructurar la clasificación de los establecimientos educativos para determinar el ítem zona que les corresponde, Alfredo Cornejo presentó un proyecto en la Legislatura y este miércoles se convirtió en ley.
Ayer la Cámara de Senadores le había dado media sanción con el apoyo del PJ y hoy en la Cámara Baja la situación no fue diferente. El ítem zona fue aprobado por mayoría y solo se opusieron los legisladores del Frente de Izquierda.
La nueva ley autoriza al Gobierno a cancelar la de $700 millones deuda que existe con alrededor de 16.000 docentes a los cuales no se les ha liquidado el concepto de zona en los últimos años. Pero además de ello, contempla cambios sustanciales a la hora de categorizar el porcentaje de ese ítem que se abonará a los educadores de cada escuela.
La nueva redacción expresa que "por Resolución del Director General de Escuelas, se clasificará a los establecimientos educativos, conforme indicadores objetivos y demostrables, vinculados a las características del contexto socio-geográfico en el que se encuentran emplazados los mismos, en las siguientes categorías Aº, Bº, Cº, Dº y Eº". En base a ello, el porcentaje que se pagará de zona a los maestros que allí se desempeñan.
Además, agrega que la DGE "clasificará los establecimientos educativos cada 8 años, previo estudio e informe técnico emitido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza o el organismo técnico oficial que lo reemplace y dictamen de la Comisión Especial Mixta conformada por la presente Ley, la que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días corridos. La clasificación se concretará en los meses de julio y agosto del año respectivo, debiendo iniciarse el procedimiento técnico previo en el mes de enero".
Justamente, este era uno de los puntos que más rechazo generaba en el sector gremial, desde el cual solicitaban que en lugar de la DEIE el estudio técnico quedara en manos de las Comisiones de Zona que habían sido creadas hace años con ese fin específico.
"La parte perversa es que el salario baja si mejoran las condiciones de las escuelas. Le estás pidiendo al docente que las condiciones de la escuela no mejoren para que no les bajen el salario", denunció en MDZ el secretario General del Sute Sebastián Henríquez el 23 de noviembre, cuando les acercaron la propuesta en paritarias.
Según consta en la nueva ley, habrá dos criterios para determinar el porcentaje de Zona. El primero es la localización geográfico-social de la escuela. Allí, las categorías son escuelas urbanas - urbano marginales - rural - contexto de encierro. Los establecimientos que clasifiquen como "urbano marginal" y "rural"tendrán el 50% de bonificación como mínimo; y los establecimientos educativos que se clasifiquen "en contexto de encierro" l el 100% de bonificación.
Para la determinación del carácter "urbano" y "rural", se atenderá principalmente a los datos censales disponibles al momento de la evaluación, mientras que para la de "urbano marginal", el órgano técnico tendrá en cuenta, entre otras condiciones, el emplazamiento territorial y del entramado social del lugar donde se encuentre enclavado el establecimiento educativo: el contexto de inseguridad y contexto de vulnerabilidad social.
El segundo criterio de categorización estará determinado por el contexto del establecimiento. Es decir, el acceso con transporte público, la presencia de servicios médicos en la zona, la existencia de servicios públicos mínimos (agua, gas, electrucidad), la insalubridad del lugar por contaminación y factores climáticos rigurosos que afecten las vías de acceso.
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Al hacer uso de la palabra, la diputada María José Sanz (UCR) explicó que "este proyecto de reparación histórica y rezonificación de los establecimientos educativos, busca la eficacia y la eficiencia de la prestación del servicio educativo. Viene a saldar una deuda que se tiene hace casi diez años con 16 mil docentes de la provincia".
Y agregó "el gobierno ha decidido resolver y pagar la deuda de gobiernos anteriores por un monto que ronda los 700 millones. El sistema de categorización actual tiene 30 años y en esos años se ha categorizado a sólo el 50% de las escuelas". Subrayó que "se mantienen los derechos adquiridos por lo que ningún docente ganará menos sino que los sueldos se mantendrán y/o aumentarán".
Por su parte, desde el justicialismo, Lucas Ilardo expresó que "creemos que el ámbito de discusión de este proyecto es la paritaria" aunque "este proyecto, con los aportes realizados por los sindicatos en el ámbito de la comisión del Senado, y los legisladores del justicialismo, es imposible de rechazar".
Desde la misma bancada, Silvia Ramos indicó que "es un avance importante la inclusión del nivel superior para la categorización de zona". Resaltó, además, "esta modificación del Estatuto del Docente abre un hito. El Estatuto docente tiene que ser modificado por un montón de razones: porque cambió el rol del docente, el perfil de los alumnos, porque el sistema educativo se ha extendido en muchísimos ámbitos y las condiciones de los alumnos, la forma de administración del sistema, se ha modificado".
A su turno, desde el FIT, Lautaro Jiménez y Héctor Fresina indicaron que "el Poder Ejecutivo ha llevado adelante una maniobra complicada al establecer el pago de la deuda con los docentes condicionado a un paquete de rezonificación". A su vez objetaron que se hayan modificado aspectos del Estatuto del Docente en el ámbito legislativo y no en paritarias.