La Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto enviado por el gobernador Alfredo Cornejo para modificar el ítem zona que perciben los docentes que trabajan en las escuelas de Mendoza. En concreto, la iniciativa apunta a reasignar la clasificación de los establecimientos educativos por ubicación desfavorable. La propuesta contó con el apoyo del peronismo y fue aprobada con 30 votos afirmativos y dos negativos.
"Este proyecto busca volver a revalorizar a los docentes de nuestra Provincia", subrayó la senadora radical Mariana Caroglio respecto a la norma que clasificará los establecimientos educativos, conforme indicadores objetivos y demostrables, vinculados a las características del contexto socio-geográfico en el que se encuentran emplazados los mismos.
Esta idea había sido rechazada por el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (Sute) en paritarias debido a las intenciones del gobierno de determinar que el ente encargado de ponderar las variables sea la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza.
En concreto, el proyecto plantea que el Gobierno Escolar, cuando se creen nuevas escuelas o circunstancias sobrevinientes así lo ameriten, previo informe técnico de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza, podrá modificar la clasificación otorgada a un establecimiento.
El informe técnico-estadístico a cargo de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza, deberá contar con un relevamiento in situ, encuesta escolar y ambiental, utilizando los indicadores y variables objetivos que a continuación se detallan:
Se utilizarán los siguientes indicadores: si son escuelas urbanas, urbano marginales, rural o bajo contexto de encierro. De esta manera se determinará si el establecimiento se encuentra encuadrado en las definiciones técnico-estadísticas existentes como "urbanos", "urbano marginal" o "rural" o si está ubicada dentro del servicio penitenciario provincial o federal, es decir "en contexto de encierro".
Para la determinación del carácter "urbano" y "rural", se atenderá principalmente a los datos censales disponibles al momento de la evaluación, mientras que para la de "urbano marginal", el órgano técnico tendrá en cuenta, entre otras condiciones, el emplazamiento territorial y del entramado social del lugar donde se encuentre enclavado el establecimiento educativo: el contexto de inseguridad y contexto de vulnerabilidad social.
Se determinará que los establecimientos que se clasifiquen como "urbano marginal" y "rural" les corresponderá el 50% de bonificación como mínimo; y a los establecimientos educativos que se clasifiquen "en contexto de encierro" les corresponderá el 100% de bonificación.
Además de lo anterior, también el órgano técnico medirá características genéricas del establecimiento educativo a calificar, en base a los siguientes indicadores, asignándose en total un puntaje de 50 puntos equivalentes a 50%:
1.- Indicador de prestación de servicios de transporte públicos con dos variables (15 puntos);
2.- Indicador de prestación de Servicios médicos asistenciales (10 puntos): Distancia al servicio hospitalario y de la red primaria de atención de salud.
3.- Indicador de cobertura de servicios públicos mínimos e indispensables que no provengan de redes con las siguientes variables (10 puntos):
4.- Indicador de insalubridad del lugar con variables de contaminación ambiental o de emergencia sanitaria (10 puntos).
5.- Indicador de factores climáticos rigurosos y vías de acceso al establecimiento (5 puntos)."
La normativa solo contó con el rechazo del Fente de Izquierda, mientras que el PJ votó afirmativamente.
Por otro lado, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo Provincial al pago de $700 millones la deuda originada en obligaciones con el personal de la Dirección General de Escuelas, reconocida en sede administrativa o judicial, siempre y cuando no se encuentren prescriptas al 31 de diciembre de 2017. Se estima que esto beneficiará a unos 16.000 docentes que a lo largo de los años se vieron perjudicados por la falta de pago del ítem zona desde el gobierno de Celso Jaque.
El sindicato docente está de acuerdo con el pago de esa deuda, pero no aprobó el acuerdo en paritarias ya que le parecía incorrecto supeditarlo a la aceptación de reestructurar el ítem zona de aquí al futuro. El gremio conducido por Sebastián Henríquez se opone a que la DEIE sea la encargada de ponderar esas variables. "Nosotros les planteamos que lo de la deuda no se negocia y que estamos de acuerdo en recategorizar el porcentaje de zona de las escuelas. Pero en el marco de la Comisión de Zona que existe actualmente", había manifestado el sindicalista en paritarias.