Después de un año de debate en distintas comisiones legislativas y una fuerte difusión -y presión- de organizaciones como el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y Nuestra Mendoza, el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública comenzará a tratarse este martes en el Senado provincial.
El proyecto original fue motivo de numerosos debates y fue enriquecido a su turno por las organizaciones solicitantes en las numerosas instancias que se fueron sucediendo.
Desde 1994 se han presentado, desde diversos sectores políticos y sociales, más de una docena de proyectos tendientes a regular el Derecho de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, pasaron más de 20 años de intentos fallidos y hoy Mendoza es una de las cuatro provincias del país que todavía no cuenta con una normativa al respecto.
El planteo de las distintas organizaciones civiles se funda en la Constitución Nacional que garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el Derecho de Acceso a la Información Pública en su artículo 1° y en los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo - que establece nuevos Derechos y Garantías - y en el artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.