Si por algo quiere ser recordada la primera vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, es por haberle lavado la cara a la Legislatura provincial distinguiéndose de lo que fue la gestión del peronista Carlos Ciurca. "Cuando asumí, no había ni papel higiénico en los baños, la Legislatura estaba sucia", se ha ocupado de remarcar, en más de una oportunidad, la también Presidenta del Senado. Bajo esa impronta, a casi dos años de gobernar en el Parlamento provincial, invertirá 143 millones de pesos en un nuevo edificio para senadores y diputados.
En un comienzo, a mediados del año pasado, la idea fue aprovechar un terreno que quedó baldío tras la demolición que se hizo en 2013 de un sector de la Legislatura que se encontraba en mal estado. El mismo es contiguo al actual edificio parlamentario de calle Patricias Mendocinas de Ciudad y tiene salida sobre Peatonal Sarmiento. Allí, se había proyectado levantar un edificio de 470 metros cuadrados con un costo aproximado de 3 millones y medio de dólares. El objetivo de esta construcción era trasladar las oficinas del anexo del Senado, que hoy funciona en el edificio del Espacio Contemporáneo de Arte, en la esquina de Gutiérrez y 9 de Julio.
Los meses fueron corriendo y la idea original de esta construcción fue complejizándose. En el medio, hubo un concurso nacional bajo las pautas de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) y se eligió y premió (con 200 mil pesos) el anteproyecto de un estudio de arquitectura de La Plata, el cual, curiosamente, terminó descartándose en medio de cierto ruido y polémica. Finalmente, la Cámara del Senado firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, mediante la cual se contrató a los estudios Llopiz y Mallea para convertir el anteproyecto en proyecto y continuar con el desarrollo de la obra.
Habiendo superado estos escollos y según confirmó el secretario administrativo de la Cámara de Senadores y mano derecha de Montero, Leonardo González Luque, el edificio, más grande y más caro que el que se proyectó en un principio, se adjudicará a mediados de noviembre y comenzará a construirse en diciembre próximo con un plazo de ejecución de 20 meses. Tras el llamado a licitación pública, quedaron cuatro empresas interesadas en encarar la construcción: Corporación del Sur S.A., Desarrolladora Monteverdi, Dafre Obras Civiles S.A y DYGA Ingeniería y Obras S.R.L.
El presupuesto oficial proyectado para su concreción es de 143 millones de pesos o, lo que es lo mismo, arriba de los 8 millones de dólares. "Puede ser que en un momento se haya proyectado por 3 millones de dólares, ocurre que hubo un aumento de casi 1000 metros cuadrados y las necesidades del edificio y los requerimientos justifican esa suma", deslizó González Luque. Especificó, en ese punto, que la construcción total será de 4.500 metros cuadrados contando con dos subsuelos y ocho pisos.
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"En un primer subsuelo, integrado a la Peatonal, habrá un espacio de usos múltiples y un anfiteatro. En un segundo subsuelo, habrá un espacio destinado a servicios y con el centro de cómputos de la Cámara del Senado . Luego habrá u piso destinado a las comisiones con la opción de subdividir el espacio mediante módulos y también se sumarán los despachos de autoridades de la Cámara, Presidente Provisional y el Presidente de la Cámara de Diputados además de trasladar las oficinas de legisladores y de la vicegobernación", enumeró y describió el funcionario de Montero.
Para ponderar la suma que se destinará a este edificio parlamentario, baste indicar que con 143 millones de pesos se podría construir una escuela o arreglar muchas de las que ya existen o, para ser más gráfica, podrían levantarse entre 70 y 80 casas. No obstante, González Luque adujo que este nuevo edificio permitirá liberar el edificio del ECA en donde hoy funciona el anexo del Senado y reorganizar y aglutinar la estructura funcional de la Cámara, que hoy está disgregada en espacios físicos separados por varias cuadras.
Baldío en donde se construirá.
En cuanto a los recursos, si bien en un comienzo se había hablado de pedir un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, González Luque aseveró que ello no será necesario porque cuentan con recursos "propios" de la Cámara. "Los recursos salen de la restructuración presupuestaria de la Cámara con el traspaso de gastos corrientes a bienes de capital que se ha logrado hacer. En 2016, solamente, incrementamos un mil por ciento las inversiones de capital. En el pase de gestión, de 2015 a 2016, la administración generó un ahorro de recursos de 80 millones de pesos, mejorando los procesos de compra y el cambio en el uso de los recursos", defendió la gestión la mano derecha de Montero y agregó: "Me parece mucho mejor que se haga por esta vía antes que contraer un préstamo, que en definitiva es una deuda a futuro".
Un concurso ruidoso
La obra se levantará a la luz de un ruidoso concurso nacional de anteproyectos, tras el cual, hubo un ganador, un estudio de arquitectura de La Plata que, pese a haber quedado seleccionado, fue descartado y reemplazado por otro.
Gonzalo Pérez, referente del estudio de arquitectos que ganó, comentó a MDZ: "Ellos (refiriéndose a Montero) argumentan que nosotros no pudimos o no quisimos continuar con el proyecto, pero, en realidad, las condiciones contractuales eran incumplibles", dijo, ejemplificando que se pedía que el plano aprobado se rindiera en no más de 45 días.
"Pedimos que tales condiciones fueran acomodadas a lo que corresponde pero ellos desistieron de contratarnos. Esa es la realidad", contrapuso y continuó: "Después de trabajar 15 días gratis mandaron un contrato que tenía algunas cosas que no nos cerraban y entramos en una negociación que no llegó a buen puerto. Pero no fue que desistimos nosotros sino ellos", se apresuró a aclarar Pérez.
En las bases del concurso se señala asimismo que, si bien la "promotora" o sea la Legislatura puede desistir de encarar el proyecto con el estudio ganador, en caso de descartarlo, debe indemnizarlo con 100 mil pesos. A propósito de esto, Pérez confirmó: "No nos pagaron la indemnización, que corresponde. Pero no importa, no vamos a hacer una polémica por eso... sólo pretendemos que se diga la verdad que es que ellos prefirieron tener un estudio de Mendoza que tomara nuestro anteproyecto y lo desarrollara".
En contraposición, el funcionario de Montero defendió la concreción del concurso y dijo que, en todo caso, fue el ganador, Gonzalo Pérez, quien desistió de continuar con el proyecto y que por eso mismo no tienen la obligación de pagar ninguna indemnización. "Entre las bases del concurso, se indicaba que ellos debían hacer ciertas tramitaciones municipales que, en su momento, expresaron que no podían hacer. Al desistir ellos de convertir el anteproyecto en proyecto, fue que hicimos un convenio con la UNCuyo, la que contrató a los estudios Llopiz y Mallea para continuar con el proyecto a nivel de estructura y arquitectónico".