El juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de la Procuradora General de la Nación, por la causa en la que se investiga la compra de un edificio por $44 millones de la que se habrían desvíado fondos para el subdirector de la Procuración, el hermano de Gils Carbó, por $3 millones.
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La procuradora a recibido presiones del gobierno, desde el inicio para que de un paso al costado, ya que se sospecha que por sus simpatías con el kirchnerismo no habría sido imparcial a la hora de cumplir con sus labores. Por lo que su procesamiento fue visto como una derrota y los usuarios de la red social Twitter así lo manifestaron.
Las redes se hicieron eco del procesamiento de la procuradora:
Por qué fue procesada
Ercolini firmó un fallo de 211 páginas en el que consideró a la Procuradora coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el presunto direccionamiento de la licitación para la compra del edificio y dictó un embargo hasta cubrir la suma de siete millones de pesos.
El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A, en una operación en la que intervino la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores S.A.
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La empresa Jaureguiberry cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, suma que para el juez era "exorbitante", algo "totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y un 5 por ciento" del valor de la propiedad.
De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario"; a su vez, medio hermano de Guillermo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.
El juez Ercolini también procesó por la maniobra a Thill, Bellingi, Bárbara Jaureguiberry y a Adrían González Fischer, ejecutivo de Arfinsa Argentina Financiera S.A., la empresa que se desprendió del edificio que adquirió la Procuración.
Thill, Jaureguiberry y González Fischer fueron procesados como "partícipes necesarios" de la maniobra delictiva, con un embargo de bienes por cinco millones de pesos a cada uno.
Para el juez "existen pruebas suficientes para afirmar" que los imputados "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública".
La Procuradora Gils Carbó, había declarado durante casi 5 horas y presentado un escrito el 31 de agosto, luego de que requiriera su indagatoria el fiscal federal Eduardo Taiano, quien investigó la compra del edificio.
En su indagatoria, dijo que "no se abonó (personalmente) comisión alguna por la operación" y que se eligió esa oferta porque tenía "el precio por metro cuadrado más bajo".
"La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contrario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal", sostuvo.
Al responder sobre la intermediación en la compra del medio hermano de un funcionario del organismo, deslindó responsabilidades: "Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill".
La causa se inició este año a partir de una denuncia anónima que fue investigada, de manera preliminar, por la fiscalía de Taiano, que luego fue enviada a sorteo para caer en el juzgado de Ercolini, con intervención del mismo fiscal.
Para el juez, Gils Carbó se interesó personalmente por la licitación que derivó en la compra del edificio de Perón 667, al punto de que dejó sin efecto otra licitación anterior, para direccionar el proceso "en favor del inmueble que pertenecía a Arfinsa, y finalmente adjudicar su oferta, ordenando la formalización del contrato".