Denuncias por corrupción, negligencia y falta de control. A casi 20 años de su creación la Dirección de Administración de los Activos Ex Bancos Oficiales se ha convertido en un reducto oscuro que gasta el doble de lo que recauda. Por este motivo, en el gobierno analizan la posibilidad de desintegrar el ente creado durante el gobierno de Roberto Iglesias para llevar adelante el cobro de 1142 millones de pesos correspondientes a créditos que quedaron pendientes tras el cierre del Banco Mendoza y el Banco Previsión. Así lo admite abiertamente su actual titular, Mauricio Iglesias, quien ya ha impulsado dos denuncias penales contra la gestión anterior por irregularidades detectadas en la dependencia.
En total, son 30 las personas que se desempeñan en esta área estatal, la cual en los últimos años ha tenido un balance deficitario que obliga a replantearse cambios para mejorar la recaudación. De no ser viable, en el Gobierno no ven con malos ojos la alternativa de vender todo el paquete de deudas a cobrar y disolver la dirección.
Según esgrime Mauricio Iglesias, en el año 2012 el gobierno de Francisco Pérez decidió no prorrogar el contrato con la empresa Cerecred S.A, la cual se ocupó durante años de hacer el seguimiento de las causas judiciales y el cobro de créditos adeudados. Sin embargo, desde entonces la recaudación cayó en picada, mientras que de manera inversamente proporcional aumentaban los gastos de la dependencia.
Al investigar, no sólo se encontraron con que los recaudadores de ATM se excusaban de hacer la recaudación que les habían encargado, sino que existían incongruencias en los egresos de la DAABO. "Cuando llegué, me encontré inconsistencias administrativas por todos lados. Hubo grandes esfuerzos para que el organismo no esté ordenado", expresó Mauricio Iglesias a MDZ.
Además de irregularidades en la carga de datos en el sistema digital SIDICO y la desobediencia a cientos de observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, hubo dos hechos que se destacaron sobre el resto y llevaron a que Iglesias presentara denuncias penales contra Graciana Furlotti y el equipo que se desempeñó en la D.A.A.B.O durante el gobierno de Francisco Pérez.
Una de ellas está relacionada con el servicio de custodia de los más de 90 inmuebles que están bajo la órbita de esta dirección. Según declaró la titular de una empresa de seguridad que hacía la vigilancia de la nave industrial ex Franino y otros edificios, un tal "Luis" les indicó que si querían ganar la licitación del servicio tendrían que pagarle $90.000 pesos todos los meses. Incluso, vinculó a ese individuo con Furlotti. "La directora visitaba los días sábados Franino. No quería ser registrada y se llevaba cosas. A veces sola y a veces con Luis", narró Alicia Norma Pretti, de la empresa Previseg S.A.
Por si eso fuera poco, Previseg S.A. fraguó los permisos del Repriv para la portación de armas de sus vigiladores, entre otras faltas que llevaron a que Iglesias les rescinda el contrato.
El segundo caso de corrupción denunciado por la gestión actual está relacionado con un convenio firmado a fines del 2015 para otorgarle un plan de pago a un deudor. El mismo contempla quitas irrisorias, perdonando a la deudora (Precursor S.A) un monto cercano a $6 millones respecto a los $14.600.505 aprobados judicialmente. En base a ello y algunas incongruencias con un inmueble puesto en garantía, se decidió dar de baja el convenio.
Cuando esto ocurrió, los abogados de Precursor S.A. esgrimieron que en diciembre del 2014 la deudora desembolsó 1.000.000 pesos a dos representantes de la DAABO que bajo juramento dejaron constancia de que ese pago "fueron condición necesaria de los abogados de la DAABO para suscribir el convenio y concluir la presente causa". El tema es que en el Ministerio de Hacienda no hay registro de ese dinero.
La fuga de este cuantioso importe llevó a la suspensión de dos asesores legales de la dirección: Gisela Mayorga y Alfredo Affronti. A su vez, esto motivó una segunda denuncia penal que involucra Graciana Furlotti, quien estuvo a cargo de la institución entre el 2012 y el 2015. Ambas denuncias cayeron en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari.
Balances en rojo
Al margen de las irregularidades detectadas en los últimos años, el principal inconveniente de la DAABO es que se trata de un ente inviable. Así queda demostrado al observar los últimos balances anuales. Mientras que en 2013 el recupero de créditos fue de $7.8 millones, los gastos de la dirección superaron los $11 millones. En 2014 se recaudaron $5.5 millones y se vendieron inmuebles por otros $2.9 millones, pero ni eso alcanzó para compensar casi $12 millones de egresos. Por último, el 2015 cerró con un total de ingresos de $5.4 millones contra $16.8 millones de gastos corrientes, es decir casi $11.4 millones de déficit.
Por todo ello, la semana pasada se dio a conocer que el Ministerio de Hacienda encargó a la Facultad de Derecho de la UNCuyo una auditoría externa para sabe a ciencia cierta el estado de las 18.221 causas judicializadas que existen en la DAABO. En concreto, se pretende depurar y actualizar los archivos y bases de datos existentes para -en base a ello- evaluar si es rentable seguir adelante con esos litigios. Conocer fechas de caducidad y que expedientes siguen vigentes.
Una vez que se tenga listo ese diagnóstico, se decidirá si se le da una nueva dinámica al sistema de cobranzas de la ATM, se terciariza el seguimiento judicial o se vende el paquete de créditos a un tercero. En este sentido, Mauricio Iglesias no oculta su inclinación hacia la desintegración de la DAABO tal como existe hoy en día.Mientras tanto, ya se ha planificado salir a rematar varios de los inmuebles que hoy tiene que custodiar el organismo. "Tenemos expectativas de vender unos 30 inmuebles de los 92 que poseemos", expresó el funcionario. "Hay que escribir la última página de la Daabo. Ya tenemos otras herramientas para gestionar cobranzas", aseveró el hijo del intendente de Guaymallén.