En una punta, un funcionario político imputado por la justicia por sospechas de corrupción y malos manejos. En la otra, una crisis latente del campo mendocino generada como consecuencia de la acción de ese mismo funcionario. La historia reciente del Iscamen, el organismo encargado de garantizar la calidad de los productos vegetales, ha generado una bomba de tiempo que puede estallar en los próximos meses.
Ayer se confirmó que el fiscal Juan Manuel Bancalari imputó a Raúl Millán,ex titular del Iscamen, por fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ex funcionario está sospechado de haber realizado distintas maniobras irregulares en ese organismo, como el pago de sobreprecios exorbitantes por la compra de insumos y la adjudicación arbitraria de una licitación para alquilar vehículos. Justo también ayer, el Senasa confirmó que le retira a Mendoza la venia para poder comercializar frutas y verduras de manera libre debido a que no confía en los controles que hace el Iscamen. Por eso los productores de Mendoza tendrán problemas para vender la próxima cosecha.
El Iscamen es el organismo encargado de velar por la sanidad de la producción local. Tiene a su cargo, por ejemplo, el plan de lucha contra la mosca del mediterráneo, una de las plagas más peligrosas. En los últimos meses comenzaron a surgir una serie de irregularidades en el manejo del organismo y todo apunta a la gestión de Millán, quien renució al cargo el mes pasado acosado por las denuncias.
Imputados
Desde el Poder Judicial confirmaron la imputación y el propio Millán se notificó de la acusación que pesa sobre él. El fiscal Bancalari investiga una maraña de maniobras, pero por ahora lo imputó por dos hechos puntuales. Por un lado comprobó que se pagaron sobreprecios enormes en algunos insumos, como levadura.
Según explicaban, para graficar la situación, para compras realizadas en 2013 se pagó el doble del valor que esos mismos insumos tenían en el mercado un año después. Las diferencias eran enormes. El otro hecho que el Fiscal da por combrobado tiene que ver con la licitación del alquiler de vehículos que, sospechan, fue hecha a medida de la empresa adjudicataria. En ese sentido, por ejemplo, se permitieron excepciones a esa firma en ítems que habían sido motivo de rechazo de ofertas de otras empresas.
Además de Millán fueron imputados otros dos ex funcionarios, que se suman a la lista de acusados que pertenecieron al gobierno anterior.
Productores en jaque
Ayer, el Ministerio de Agricultura, a través del Senasa, confirmó que le retira a Mendoza status sanitario, que permitía comercializar frutas y verduras hacia destinos que exigen rigor en los controles fitosanitarios.
Esa medida implica que los productos no pueden ser comercializados sin antes pasar por un proceso de desinfección, que agrega costos de flete y procedimientos y que pone en jaque a muchos productores. La suspensión es temporal y quedó sujeta a los cambios que se deban hacer en el organismo y a una posterior auditoría del Senasa. En la resolución que confirma la sanción a Mendoza, se menciona que se hallaron desvíos en el trabajo que realizaba el Iscamen.
"En las últimas supervisiones técnicas realizadas por el Senasa al subprograma Procem Mendoza se detectaron desvíos en la ejecución del mismo, por lo que corresponde la suspensión de los estatus fitosanitarios para la plaga Mosca de los Frutos en la provincia (Áreas Libres y de Escasa Prevalencia), como medida de carácter temporario, hasta tanto se rectifiquen los procedimientos operativos y administrativos implementados por el organismo ejecutor del Procem en dicha provincia (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza - Iscamen)", dice la resolución.
Por ese problema y por las dificultades económicas, las posibilidades de exportar se habían reducido. Pero también se cierran puertas en el mercado interno. Una de ellas es la Patagonia. Cerca del 70% de la producción local tiene ese destino, pero las exigencias fitosanitarias de la región complican. Para poder vender, la próxima temporada los productores deberán llevar las cajas de frutas y verduras para realizar una fumigación con bromuro de metilo, en cámaras cerradas. Ese proceso tiene un costo de al menos $11 por bulto, más el flete. A ello se le suma que se trata del uso de sustancias, que no es bien visto por todos los consumidores.
Desde la nueva gestión aseguran que ya están en diálogo con la Nación para que la medida dure lo menos posible. Pero igual ya realizan una evaluación de las repercusiones que tendrá en los productores. "Es muy grave lo que pasó y esto va a afectar a la producción. Pero estamos trabajando para sanear el sistema. Ya hemos empezado con las campañas y con las reformas en todos los aspectos de la lucha contra la mosca de los frutos", aseguró Alejandro Molero, designado por Cornejo para conducir el Iscamen y que espera ser ratificado por el Senado. "Esto afecta las ventas en el mercado interno y el precio que deben pagar los productores. Esperamos que no se pase de más de 3 o 4 meses para volver a tener el status sanitario", se ilusionó Molero.