Al igual que el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo, las autoridades policiales y del Servicio Penitenciario deberán presentar su declaración jurada de bienes. Así lo dispuso la Inspección General de Seguridad a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cual va en sintonía con medidas tomadas por el gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires.
Según consta en la resolución 564, firmada el 16 de agosto por la cúpula de la IGS -con su presidente Marcelo Puertas a la cabeza-, la normativa abarca a subcomisarios, comisarios, comisarios inspectores y comisarios generales sin distinción de escalafón, quienes están obligados a declarar sus ingresos y patrimonios.
En cuanto a los responsables del Servicio Penitenciario, quienes deberán hacer llegar su declaración son quienes ostenten rango de Subalcaide, Alcaide, Alcaide Mayor, Prefecto y Prefecto General.
Si bien desde 2000 existía un mecanismo de control patrimonial, la IGS determinó "adecuar a la problemática actual y la necesidad de contar con auditorías de evolución patrimonial más ágiles del personal de las fuerzas de seguridad provinciales".
A diferencia del resto de los funcionarios de la provincia, en este caso la presentación no deberá realizarse ante Fiscalía de Estado, sino que será la propia Inspección la que realice los controles de evolución de patrimonio. Incluso, desde el órgano aclaran que podrán solicitarle la declaración a cualquier otro miembro de la fuerza, sin importar su rango o función.
Por último, la resolución establece que los datos serán publicados en el Centro de Cómputos de la Inspección General de Seguridad y subidas a la web institucional de este Organismo.
La decisión llega en medio de la auditoría que lleva a cabo el órgano que dirige puertas en torno a irregularidades en la prestación de servicios extraordinarios. La polémica por los servicios adicionales se destapó cuando un grupo de comisarios fue pasado a pasiva por el cobro irregular de estas horas extras.
De todas maneras, Mendoza no es la única provincia que ha puesto la lupa sobre el patrimonio de los jefes policiales. Mediante el decreto 116, en el mes de marzo la gobernadora María Eugenia Vidal estableció la obligatoriedad de que los funcionarios presenten su declaración jurada patrimonial, que tiene carácter público y que alcanza a un total de 55.000 personas.