El gobierno nacional autorizó hoy la venta de 17 inmuebles estatales e informó que la medida se enmarca "en la política que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para reducir gastos y generar actividades económicas en espacios que no están siendo aprovechados".
Del total de los inmuebles, 13 se encuentran ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y los restantes en San Justo, San Isidro, La Plata y Mar del Plata, según especifica el decreto 952/2016 del Poder Ejecutivo, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
"Las operaciones que se impulsan no solo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", afirmó el Gobierno en el decreto.
Según explicó Presidencia en un comunicado, "algunos de estos inmuebles están en desuso, en tanto que otros tienen las concesiones vencidas y cánones muy inferiores a los valores de mercado".
"También hay casos de edificios o terrenos que se utilizan para el desarrollo de actividades que nada tienen que ver con las funciones del Estado, como el alquiler de canchas de fútbol o la explotación de estacionamientos privados", explicó el jefe de la AABE, Ramón Lanús.
El funcionario advirtió que para el Estado resulta "altamente ineficiente que haya una cancha de fútbol en un lugar que bien podría usarse para otro fin, como la construcción de viviendas, que es una actividad que genera empleo directo e indirecto".
"Los inmuebles se van a subastar a través del Banco Ciudad a partir de septiembre y lo recaudado será destinado al Tesoro Nacional", precisó Lanús.
La AABE estima que el Estado es dueño de unos 80.000 inmuebles en todo el país, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno.
El organismo prevé continuar con un relevamiento para determinar el inventario total de inmuebles y verificar si cumplen actividades al servicio del Estado o si su uso actual ayuda al desarrollo de sus comunidades locales, informó Presidencia.