La tormenta que sacude a la lucha antigranizo

Hubo una exhaustiva auditoría que generó malestar interno. Además, existen otros puntos conflictivos: eventual privatización de parte del sistema, sospechas de licitación direccionada, renuncias resonantes y críticas contra el director de Contingencias, Oscar Astorga.

"Me pareció notar un desconocimiento del sistema de lucha antigranizo y en particular de la importancia del trabajo realizado". Las palabras del ex coordinador del Comité Científico, Alejandro de la Torre, sirven para ejemplificar la oposición que existe dentro del sistema contra Oscar Astorga, titular de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC), que derivó en renuncias y en la intervención de la propia vicegobernadora, Laura Montero, creadora del sistema en 2005 cuando era ministra de Economía.

Las alarmas en la lucha antigranizo se encendieron a partir de la proximidad del cierre de El Plumerillo y por la falta de repuestos -a pesar de haber sido pedidos- para que las aeronaves estén operativas antes del 7 de septiembre. Sin embargo, la crisis es más profunda y alcanza a las bases del sistema: hay enojo por modificaciones de un pliego, lo que incluyó la renuncia de un funcionario; por el nombramiento de un exmilitar al frente del Departamento de Aeronáutica; por la demora en las respuestas a los pedidos que llegaban desde el taller; y por la eventual privatización de parte de la lucha antigranizo, entre otros aspectos.

Paralelamente, hay una interna política. Durante la transición del año pasado, Montero pidió tener la potestad de nombrar el titular de la DACC y para ese cargo había elegido al primer director: Eduardo Martín. Sin embargo, el ministro de Economía, Energía e Infraestructura, Enrique Vaquié, de quien depende la lucha antigranizo, intercedió y eligió a Astorga. Desde entonces, la vicegobernadora siguió la situación de cerca y a fin de julio envió a dos senadores -Daniela García y Jorge Palero- a hablar con el titular de la "megacartera" para manifestarle su preocupación.


Cambios en licitaciones

Desde que el Estado se hizo cargo del sistema de lucha antigranizo y compró cuatro aviones para mitigar los efectos de las tormentas, se licitó la compra de bengalas y cartuchos para "sembrar" las nubes con ioduro de plata. En los sucesivos pliegos, se mantuvieron inamovibles los requisitos básicos que debían cumplir estos insumos y dos empresas -Ice Crystal y Stroyproject- fueron elegidas para suministrar el material. Sin embargo, la gestión de Astorga modificó las condiciones y permitió el ingreso de una tercera firma proveedora: Texas Weather Modification Associated (TWMA).

Durante años, según confiaron fuentes que trabajaron en la DACC en las gestiones anteriores, el representante local de TWMA insistió para que se acepten bengalas más chicas y se reduzca el "tiempo de quemado" de las mismas. Ante esto, la respuesta no varió -"No vamos a cambiar los requisitos, cambien la forma de sus bengalas"-, ya que sería inconveniente esta modificación para la efectividad de la lucha antigranizo. Pero, en el pliego 2016, se admitieron las modificaciones: el largo de las bengalas pasó de entre 30 y 40 centímetros a "un mínimo de 18" y se redujo el "tiempo de quemado" de 2,30 minutos a 40 segundos.


Esta modificación no contó con el apoyo de quienes venían trabajando en la DACC en la gestión anterior e incluso motivó, junto con otros factores, la renuncia de al menos tres personas. La falta de consenso en los cambios realizados en el pliego sale a la luz rápidamente, ya que sólo lleva la firma de Astorga. Sin embargo, el funcionario justificó esto y negó favoritismo por alguno de los proveedores. "Que participen quienes estén en condiciones de hacerlo. Son tres empresas y ahora estamos haciendo el análisis técnico que creemos que se presentará esta semana".

La renuncia más resonanante

Alejandro de la Torre, quien se desempeñaba como coordinador del Comité Científico de la DACC, fue uno de los primeros en renunciar en desacuerdo con la gestión de Astorga. En diálogo con MDZ (hacé click aquí para acceder a la entrevista completa), remarcó sobre los motivos de su dimisión: "Me pareció notar un desconocimiento del sistema de lucha antigranizo y en particular de la importancia del trabajo realizado".

Además, sobre la asunción de Astorga al frente del área, consideró que "dentro del personal permanente de la DACC existen otros profesionales con una vasta experiencia e idoneidad en los pormenores técnicos y de gestión requeridos para conducir la dirección". "Los resultados negativos de la última campaña podrían repetirse si continuaban las mismas condiciones impuestas al sistema por la dirección de la DACC", completó.


Ante esto, Astorga planteó sobre las renuncias: "Me siento hasta agraviado. Tienen que entender que cambió una gestión y venimos con otras ideas, reviendo lo realizado. El Comité Científico está en funciones en este momento, con Rubén Santos. Con él estamos evaluando la parte técnica. No encontré nada. Entiendo que es ciencia, a largo plazo, pero ese comité tiene que establecer acciones para la mejora de la lucha y, por ejemplo, el manual de operaciones no se revé desde 2007".

Un exmilitar al frente de un departamento civil

Ni bien asumió, el titular de la DACC dispuso la realización de una auditoría en el Departamento de Aeronáutica, la que fue encomendada a tres asesores externos: el técnico aeronáutico Vicente Morales (del taller aeronáutico New Air), el comodoro José María Arce (oficial de la Fuerza Aérea en actividad) y el ingeniero aeronáutico Sergio Britch (vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea). Posteriormente, el 4 de agosto, Britch fue designado nuevo coordinador del Departamento de Aeronáutica. 

A Britch se le cuestiona su procedencia militar, ya que el Departamento de Aeronáutica fue una unidad civil creada para superar las anormalidades del Escuadrón Lucha Antigranizo de la IV Brigada Aérea para llevar adelante la campaña antigranizo 2004-2005. En esa etapa, se produjo la destrucción total de un avión, la muerte de sus dos pilotos, un proceso judicial millonario perdido por la Provincia y el juicio político que debió afrontar Montero como ministra de Economía.

Una de las primeras medidas que quiso implementar Britch, quien previamente trabajó en una fábrica de aviones mendocina (Laviasa) en donde sus referencias son negativas, dejó pasmados a los trabajadores del Departamento. Para eludir el "cerrojo" del cierre del aeropuerto, el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea propuso mover un avión a San Rafael, desarmarlo allí, traer por tierra sus repuestos y con ellos armar un segundo avión que también debería terminar en San Rafael.


De todas maneras, Astorga ratificó al exmilitar al frente del Departamento de Aeronáutica y justificó: "El ingeniero Britch, de acuerdo con el currículum que presentó como mecánico aeronáutico, está capacitado para ejercer esa función. Nadie puso el ojo en si venía de una historia militar. El ingeniero da fe de su capacidad y de lo que sabe al respecto".

¿Se privatiza parte del sistema?

Por seguridad, los Piper Cheyenne no vuelan a la izquierda del meridiano 69 -zona montañosa- y, por ende, la lucha antigranizo se complementa con "generadores de superficie": las tormentas que se originan en la zona vedada para los aviones son atacadas desde el terreno. En las últimas semanas, fuentes aeronáuticas indicaron que el titular de la DACC quería prescindir de estos elementos sin atender la importancia que el excoordinador del Comité Científico (De la Torre) le daba.

Consultado por MDZ, Astorga aseguró que "se van a mantener, se van a buscar los insumos". Posteriormente, el funcionario se mostró molesto por las críticas internas: "Supuestamente, en nueve años no hubo problemas. Ahora denuncian que el depósito no es adecuado". Además, lanzó: "Vamos a ordenar las cosas, pero si no tengo los recursos para la administración de ese sistema, hay que buscar una empresa que lo haga mejor que el Estado".

Otro foco de tormenta en Economía

La situación preocupante de la lucha antigranizo surge meses después de la renuncia del titular del Iscamen Raúl Millán, quien abandonó el cargo ante los desmanejos detectados en el instituto fitosanitario. En tal sentido, el Ejecutivo provincial se encuentra ante un momento bisagra para desactivar una tormenta que, en caso de "estallar", afectará a las bases del sistema productivo de la provincia.