Un potencial frente de conflicto se abrió en el Poder Judicial. El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza solicitó a la Suprema Corte que regularice las asambleas sindicales llevadas a cabo por el Gremio Judiciales, de la misma manera que hizo el gobernador Alfredo Cornejo con los empleados de la Administración Central. Al contrario, el sindicato rechazó el pedido y aseguró que regular las asambleas es "ilegal" y alienta la "represión". Esto ocurre en medio de una disputa entre el sindicato, el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo por las negociaciones paritarias que se dieron por terminadas tras el aumento salarial por decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
A través de una nota elevada el pasado miércoles 10 de agosto al presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, el Colegio de Abogados y Procuradores solicitó al máximo tribunal provincial que "proceda a reglamentar el derecho sindical de asamblea previsto en la Ley (Nacional) 23.551, ello dentro del marco de derechos acordados en dicha Ley, a los fines de evitar abusos en su ejercicio y fundamentalmente coordinar su ejercicio con el derecho constitucional de libre acceso a la Justicia".
Para apoyar su demanda, el Colegio puso como ejemplo el Decreto 496/2016 que firmó el gobernador Alfredo Cornejo, con el cual logró regular las asambleas sindicales entre los trabajadores de la Administración Central. De hecho, el Colegio remitió una copia de su escrito al Gobernador.
Los Judiciales son, junto a ATE y Sitea, uno de los gremios que más resisten la estrategia del Gobierno que busca aplacar los reclamos sindicales. Si bien en el Ejecutivo se jactan de poder contener las demandas gremiales de la Administración Central, lo cierto es que se le hace mucho más dificultoso lograr resultados similares con los empleados judiciales, ya que están fuera de su ámbito, correspondiente a la Suprema Corte. Por eso, desde el Gobierno se ve con buenos ojos la iniciativa del Colegio de Abogados, ya que considera que ello presionará al máximo tribunal a tomar medidas urgentes y, en cierto modo, colaborar con las acciones del gobernador y sus principales ministros.
Además no son pocos los que consideran que la utilización de las asambleas judiciales es, en realidad, una maniobra de los sindicatos para realizar "paros encubiertos" y evitar que sufran descuentos en sus salarios. Del otro lado lo niegan rotundamente, enmarcando su derecho como trabajadores a reunirse por cuestiones gremiales en horario laboral.
Mauricio Gaibazzi, integrante del Directorio del Colegio de Abogados como Primer Vocal Titular, explicó a MDZ los motivos que llevaron a la institución a demandar a la Suprema Corte una regularización de las asambleas: "Desde hace 60 días que, durante las dos horas y media de asambleas, no hay atención al público y ello perjudica al servicio de justicia, afectando a los ciudadanos y los abogados que trabajamos con los juzgados"
En ese sentido, detalló que "la no notificación y falta de información sobre la realización de estas asambleas hace que no sepamos realmente cuándo está habilitada la atención al público, haciendo que haya retrasos e incertidumbre". Por ejemplo, manifestó que los horarios de las asambleas no son fijos y varían según los juzgados, por lo cual los trámites de expedientes se atrasan muchísimo y se complica la ejecución de sentencias, principalmente en los fueros civil y laboral. "Levantamos actas con escribanos para constatar que los juzgados estuvieron cerrados", añadió.
De todos modos, Gaibazzi aclaró que este tipo de acciones es reforzada solo por "una parte del sindicato de los Judiciales, porque a veces son los secretarios de los juzgados que mantienen la atención al público, pero se ven abarrotados y no pueden estar con todo".
"La corte debería tomar cartas en el asunto y regularizar esta situación. Es una cuestión de decisión", señaló
Por su parte, el secretario general del Gremio Judiciales, Carlos Ordoñez, sostuvo que "la patronal no puede regular sobre las asambleas" y expresó que "nos hubiera gustado que el Colegio de Abogados se hubiera expedido ante el escándalo del Poder Ejecutivo por el ámbito paritario, de que fueron a cuatro partitarias (de siete) sin ofertas, de que impusieron un aumento por decreto y de que se levantaron unilateralmente de la mesa de negociaciones. De ninguno de estos hechos vimos la opinión del colegio de abogados".
"Lamentamos que, cuando los trabajadores buscan defenderse ante acciones ilegales, el Colegio de Abogados salga a pedir una represión", sentenció.
Ordoñez reiteró que "la regulación es ilegal porque la Suprema Corte no actúa como juez ante los judiciales, sino como patronal", y rechazó las acusaciones de los abogados sobre la falta de notificación: "Siempre hemos informado cualquier medida de fuerza en el ámbito paritario".
"Entre todos tenemos que defender a la justicia, pero algunos parecen no querer cooperar", concluyó.