La Fiscalía de Estado se despegó del caso que tiene al director de Asuntos Administrativos del organismo, Abel Albarracín, en el ojo de la tormenta por su pedido de reserva del cargo que posee en el Iscamen, que hoy está siendo tramitado en la Justicia.
Abel Albarracín.
Albarracín mantiene un litigio judicial con las autoridades del Iscamen debido a que su pedido de reserva de cargo, por su puesto como jefe de Legales, fue bochado por el anterior presidente del organismo Raúl Millán, luego de ser aprobado por el extitular Leandro Montané en 2010.
Según reveló MDZ, en 2010 Albarracín obtuvo un ofrecimiento para trabajar en la Fiscalía de Estado, por lo que pidió una reserva de su cargo como director de Legales en el Iscamen, justificando su solicitud por ser un funcionario "altamente capacitado y de alta experiencia en la institución", lo cual fue rápidamente aceptado por Montané. Incluso le sugirió a Montané que sea reemplazado por su esposa Estela Fabiana Duperu. Sin embargo, Millán anuló la resolución y le dio de baja a la reserva, por lo que Albarracín recurrió a la Justicia.
Ante las consultas de MDZ, el Fiscal de Estado, Fernando Simón, prefirió despegarse de la controversia y fue cauto al referirse sobre Albarracín. Según el funcionario, ante cada dictamen relacionado con el Iscamen o la extinta Coprosamen, el director de Asuntos Administrativos optó por "excusarse" de cualquier toma de decisión por su relación litigiosa con el ente fitosanitario, al menos desde que Simón inició gestión en mayo pasado. Tampoco existen antecedentes sospechosos desde que Albarracín ocupa su puesto en 2010, añadió.
También Simón aclaró que "el puesto de Albarracín en la Fiscalía no está en duda" y reiteró que el conflicto es por su cargo en el Iscamen. Por ello, el fiscal de Estado optó por "no opinar" ni "meterse" en el asunto hasta que se expida la Justicia, la cual deberá resolver si rehabilita o no la reserva de cargo.
Respecto a la reserva de cargo, en la Fiscalía explicaron que se trata de una "práctica común" en los organismos estatales, y recordaron el caso de Dalmiro Garay, que tiene su cargo reservado como asesor, que dejó para ser ministro de Gobierno. Incluso existen otros casos similares en el Iscamen que, a priori, son absolutamente legales.